Hermosillo, Son., Pobladores afectados por el derrame de tóxicos en el río Sonora, provocado por el consorcio minero Grupo México, protestaron ayer afuera de palacio de gobierno para exigir a las autoridades estatales y federales que atiendan de forma urgente la salud de las familias, la cual ha mermado por padecimientos como arsenicosis, neuropatía y cáncer, a causa de la contaminación con metales pesados.

A más de nueve años del ecocidio, considerado el más grave en la historia de la minería en México, más de 700 habitantes de los ocho pueblos que colindan en el río Sonora, los manifestantes acusaron que tienen metales pesados en sus cuerpos, como plomo, arsénico, cadmio y manganeso, además no han recibido atención médica adecuada.

Señalaron que las autoridades que se comprometieron a dar seguimiento a su salud no lo han hecho. Incluso, el edificio de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, en el municipio de Ures, donde atenderían a los enfermos, lo entregaron a la Guardia Nacional para instalar su cuartel.

Organizados a través de los Comités de Cuenca del Río Sonora, los vecinos mostraron hartazgo por la negligencia y la burocracia de los gobiernos estatal y federal porque no han dado la atención médica necesaria. ¡Le tienen más lealtad a Grupo México que al dolor de las comunidades con el que hicieron campaña electoral, reprocharon los manifestantes en sus pancartas, quienes permanecieron cuatro horas afuera de palacio de gobierno, sin que nadie saliera para atenderlos.

Cynthia Arcoamarillo Lohr, representante legal de Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), señaló que ante la negativa de las autoridades en la ejecución del Plan de Remediación, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los gobiernos federal y estatal por violentar el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal.

Detalló que el propósito de acudir ante la CIDH es para que obligue a las autoridades correspondientes a cumplir con las medidas cautelares, multar y destituirlas del cargo si no cumplen y dar vista al Ministerio Público por desacato de sentencia.A la fecha, la Secretaría de Salud estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, tienen una deuda enorme con los afectados, por la negligencia con la que actúan, insistió Arcoamarillo.

La responsabilidad “es de todas estas autoridades, seguirse señalando unas a las otras no funciona para proteger la salud de la cuenca, sostuvo la abogada de los perjudicados.