Ante la exigencia del gobierno mexicano en la COP28 de que los países realicen mayores esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, encaminados a limitar el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados, el país también debe adoptar una política nacional y un plan de acción sobre adaptación al cambio climático para ser capaz de responder a eventos como el huracán Otis, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La organización consideró plausible que la postura de México, presentada por la cancillería en la cumbre climática de Dubái, reconozca la necesidad de incorporar un enfoque de justicia social frente a la crisis climática y nos sumamos al llamado para que durante la COP28 se acuerde un objetivo global de adaptación centrado en las personas y comunidades más vulnerables.

Precisó que este llamado debe respaldarse con acciones concretas y con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Agregó que México también es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global y el segundo en Latinoamérica.

Mencionó que casos como el de la comunidad del Bosque en Tabasco –la cual ha sido desplazada de sus hogares debido al avance del mar– y las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Otis en Acapulco muestran que el gobierno carece de recursos etiquetados para adaptación, así como de una ruta de acción clara para enfrentar estas situaciones de manera preventiva, suficiente y adecuada.

Reconoció el compromiso de que México genere 35 por ciento de energía limpia para 2024, aunque esto se debe acompañar de una ruta de acción con objetivos claros, medidas específicas e indicadores medibles, la cual no se ha establecido y esa meta debería alcanzarse a través de energías renovables.

También consideró relevante el compromiso asumido por México con el fin de operar el Fondo para la Atención de las Pérdidas y Daños, así como el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales.