Durango, Dgo., El gobierno federal tiene listo un decreto para declarar zona natural protegida a un total de 788 mil 380 hectáreas de los ejidos Piaxtla y Tayoltita, en los municipios de San Dimas, en Durango, y de San Ignacio, en Sinaloa, pero los ejidatarios se oponen porque perderían sus ingresos por la explotación de una mina y un aserradero que se ubican en el área a proteger.

Los dueños de la tierra aseveran que apenas la semana pasada se enteraron, pero las autoridades municipales de San Dimas y San Ignacio ya tenían varios meses reuniéndose con enviados del gobierno federal para dejar listo el decreto que, según sus fuentes, se emitirá en diciembre.

Jorge Gómez de Silva, asesor jurídico de los labriegos dijo que más de la mitad de las familias de la cabecera municipal de San Dimas son empleados de la mina de Tayoltita. Con el decreto –que sólo allí protegería cerca de 400 mil hectáreas, o 58 por ciento de la superficie, podrán continuar con su labor extractiva hasta donde ya están, pero no les permitirían seguir ampliándose, aun cuando la minera tenía previstas su expansión.

Los afectados serían no sólo los trabajadores mineros, sino los ejidos hacia donde la mina buscaba ampliarse y, por tanto, pagar anualidades y otros beneficios por la renta de tierras. La federación les estaría entregando una beca mensual a los ejidatarios de San Dimas y a sus hijos, pero no se compara con lo que ellos llegan a ganar no sólo por la anualidad con la mina, sino por otras actividades dentro de sus tierras.

El resto del municipio de San Dimas está destinado a la explotación forestal y el decreto de zona natural protegida reducirá 60 por ciento los ingresos de los dueños del bosque porque les limitaría la extracción de madera. A la par, ya no habría mayores contrataciones de personal para el corte de árboles en el bosque y de madera en los aserraderos.

Santiago Sánchez, ejidatario de San Luis Villa Corona, munici-pio de San Dimas, señaló que personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) visita las casas de los pueblos para informar y respaldar la zona protegida, pero no le preguntan ni buscan entrevistarse con los dueños de la tierra, que son quienes deben decidir.

Jorge Ramos Astorga, del ejido Cañitas y Anexos de San Dimas, comentó que los de la Conanp empezaron las cosas de arriba hacia abajo, cuando debieron primero buscar a los ejidatarios para ver si estaban de acuerdo.

Nos buscan ya cuando tienen todo listo para decretarla (la zona protegida), y la verdad, queremos que el presidente municipal no firme esa declaratoria, comentó.

Esto de la zona natural protegida no salió ni de los ejidatarios ni de los alcaldes, sino a partir de un sobrevuelo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda esa región, que le gustó y que pidió declararla protegida.

El morenista Barrón Alvarado, alcalde de San Dimas, señaló que si los habitantes no quieren la zona natural protegida, él buscará a las autoridades estatales para que apoyen al pueblo y se manifiesten en contra de este decreto.

Nicolasa Barraza, delegada de minas del municipio de San Ignacio en Sinaloa, aseguró que también allá los labriegos se oponen a esta declaratoria porque afectaría al menos a 2 mil trabajadores.