os criterios de relevancia han marcado la gestión del actual gobierno, cuyo término está ya próximo. Uno, que se destaca de manera constante, es el de la probidad en el uso de los recursos –ya no hay corrupción–; otro es la significativa redefinición de las asignaciones a los ramos del gasto.

En noviembre de 2019 se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. Dicha austeridad se planteó literalmente como la dignificación del servicio público y la obligatoria reingeniería institucional; como un principio de guía a la administración y eje medular del gasto público. La pauta se aplica a los entes públicos, a los Poderes Legislativo y Judicial, a las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias y a los órganos autónomos.

La ley regula y norma las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Establece la creación de un Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana que es presidido por el secretario de Hacienda y debe presentar un informe anual. Hay algo de parcialidad cuando uno de los ejecutores de una función general es también el que evalúa el conjunto de la misma.

El comité verifica el uso de los recursos; si es que hubo ahorros o no conforme se especifica en el manual que debe seguirse al respecto. No se trata de los criterios de adjudicación de los fondos conforme a la política presupuestal, o bien, de la repercusión de la gestión realizada con dichos fondos. Esa es una decisión política. Por lo tanto, tampoco se trata de los criterios que enmarcan el tipo de austeridad fiscal que se ha aplicado y sus consecuencias presentes y futuras. Pero es el modo de la austeridad lo que tiene relevancia.

Entre 2018 y 2024 (tomando como referencia la Ley de Ingresos y el presupuesto federal aprobado para el año entrante y sin contar el efecto de la inflación) se estima un crecimiento de los ingresos presupuestarios de 14.4 por ciento, con un incremento en la recaudación de impuestos de 24.7 por ciento. Destaca entre los ingresos públicos el alza de 158 por ciento en los provenientes del financiamiento; con esto, la deuda pública pasaría de 43.6 por ciento con respecto al PIB a 48.8. El crecimiento real del costo de la deuda sería del orden de 53 por ciento en el periodo que se considera.

En cuanto al gasto total, Hacienda considera un aumento de 20.5 por ciento, del cual, el gasto programable sube 17.3 por ciento y 29.2 el no programable. Si se toma como criterio a los entes responsables del gasto (lo que se denomina como gasto por clasificación administrativa) se observa que en el caso de los órganos autónomos el gasto crecerá sólo 4.1 por ciento, y únicamente dos de ellos, el Inegi y el INE tendrían un aumento de presupuesto: 35.3 por ciento el primero y 1.9 el segundo. Es este un espacio en el que se expresa en buena medida el criterio de reingeniería institucional aludida en la ley de austeridad.

En cuanto a las instancias administrativas del gobierno de aprecian las preferencias políticas que rigen hoy. El rubro de energía registra un aumento de recursos sobresaliente del orden de 2 mil por ciento, según lo previsto para todo el sexenio; Trabajo y Previsión Social 303; Bienestar 302; Defensa 139 (incluyendo el presupuesto del Tren Maya); Marina 50.7 y Educación Pública sólo 3.8 por ciento. Entre las que reducen sus recursos están, notablemente: Salud con 41 por ciento (con reasignaciones al IMSS Bienestar que tardará en mostrar su eficacia en la provisión de los servicios universales de salud como se ha propuesto), Turismo 85, Economía 71; Función Pública 33; Pemex 4.6 y CFE 17.5 por ciento.

El meollo de la cuestión presupuestal está en el efecto de los criterios de asignación de los recursos públicos en dos áreas relevantes; una es la del entorno institucional del país, y otra, la eficiencia de la gestión gubernamental, que comprende la oferta de los servicios que se proveen a la población y, también, su calidad. En este caso son especialmente relevantes las áreas de la educación y la salud, donde las asignaciones presupuestales y la dotación de recursos e infraestructura es insuficiente para satisfacer los rezagos en la cobertura y la calidad. Lo mismo ocurre con la seguridad y protección ciudadanas, para lo cual no hay datos presupuestales oportunos. En esa materia hay un deterioro muy grande y las condiciones prevalecientes son de gravedad.

Una cuestión que enmarca la definición de los criterios fiscales que se expresa en la austeridad presupuestal y en la asignación de los recursos públicos tiene que ver con la gran discrecionalidad con la que estos se ejercen desde la presidencia, una condición distintiva de este gobierno.

La política fiscal para 2024 contenida en el Paquete Económico de 2024 plantea un aumento del gasto y la generación de un déficit público y con una mayor deuda. Este hecho indica un viraje notorio de la política pública en el último año de la administración y tendrá consecuencias adversas para la siguiente.