La Secretaría de Salud carece de un diagnóstico actualizado que dé cuenta del estado de la salud mental de la población, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una auditoría incluida en la segunda entrega de informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la ASF detectó que si bien con las reformas a la Ley General de Salud de mayo del año pasado la atención de la salud mental es de carácter prioritario, la Ssa basa su diagnóstico más reciente en cifras de 2013, las cuales señalan que casi una quinta parte de los mexicanos padecen algún tipo de trastorno.

En 2022, la secretaría publicó el segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones de 2022, en el que se señaló que se estima una prevalencia anual de trastornos mentales y adicciones de casi una quinta parte de la población total, de los cuales 33.9 por ciento de los casos corresponde a trastornos leves, 40.5 por ciento a moderados y 25.7 por ciento a trastornos graves o severos.

Asimismo, se precisó que los trastornos con más frecuencia son la depresión (5.3 por ciento), seguido del trastorno por consumo de alcohol (3.3 por ciento) y el trastorno obsesivo compulsivo (2.5 por ciento). También se mencionó que 81.4 por ciento de las personas no recibe la atención apropiada.

En la revisión de las fuentes de información que la Secretaría de Salud utilizó para dicho diagnóstico, se identificó que las cifras corresponden a 2013, por lo que esa dependencia careció de un diagnóstico actualizado que diera cuenta del estado de salud mental de la población en 2022, apunta la auditoría.

También revela que la Ssa no emitió las disposiciones reglamentarias que le permitieran proveer, en la esfera administrativa, lo previsto en las reformas del 16 de mayo de 2022 ni actualizó las ya existentes en materia de salud mental, incluidas las normas oficiales mexicanas relativas a esa materia, con el fin de su armonización, cuyo plazo se cumplió el 13 de noviembre de 2022.

En cuanto al diseño de los Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, la ASF opina que los indicadores establecidos en los acuerdos hechos con 30 entidades federativas a las que se destinaron los subsidios no se corresponden con un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretendía lograr en 2022, expresado en términos de cobertura, eficiencia e impacto social de la atención a la salud mental.