En Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión rechazaron el ejercicio abusivo del poder del Ministerio Público, luego de que la fiscalía solicitó a la Corte Suprema quitar la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo.

En un comunicado señalaron que las recientes acciones del organismo atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso, así como contra el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país. La fiscalía guatemalteca solicitó el retiro de inmunidad a Arévalo y Karin Herrera, vicepresidenta electa, así como a cinco diputados integrantes de los partidos políticos Movimiento Semilla, VOS y Winaq, con base en pronunciamientos hechos en redes sociales sobre la toma de la Universidad de San Carlos, a raíz de denuncias de irregularidades en la elección del rector.

Allanamientos

El Ministerio Público ordenó también que se lleven a cabo 31 allanamientos y 27 aprehensiones contra líderes universitarios y académicos, por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita, argumentando un daño de 90 millones de quetzales en la estructura física de dicha universidad.

La comisión interamericana advirtió que la solicitud de retiro de inmunidad de las autoridades electas ocurre en un contexto ampliamente documentado de acciones injerencistas del Ministerio Público en los comicios generales, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala.