Mecanismo de reparación de daños con participación comunitaria

Don Poncho en la cortina de El Zapotillo. Mario Marlo / Somos El Medio

El Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Un ejemplo exitoso con resultados atractivos en el marco internacional de resistencia y lucha social pacífica, es la presa El Zapotillo, proyecto que marca pautas de reconstrucción del tejido social desde acciones intersectoriales, interinstitucionales, gubernamentales y académicas, que hace red en punto fino, pues atiende una agenda transversal amplia, en la que concurren las visiones de la sociedad civil organizada, las creencias, la espiritualidad, las costumbres, el patrimonio cultural y sobre todo, la identidad del sujeto colectivo de derechos, es una muestra del “Humanismo Mexicano” que promueve la transformación del Gobierno de México en la gestión actual.

Las comunidades afectadas por la construcción de la Presa El Zapotillo: Acasico, Temacapulín y Palmarejo fueron lesionadas severamente y en múltiples formas por autoridades federales, estatales y municipales durante más de 16 años. Bajo el argumento que no había otra alternativa técnica para abastecer de agua a las ciudades de León y Guadalajara, ellos tendrían que sacrificarse, desplazarse y desaparecer. Fueron muchos los años de hostigamiento y violencia que vivieron los habitantes de estas comunidades, documentando violaciones de derechos humanos, afectaciones psicosociales, rompimiento del tejido comunitario, desgaste económico y emocional.

Sin embargo, las mujeres y hombres de estas comunidades se mantuvieron dignos de distintas maneras, con una diversificación de sus estrategias políticas, jurídicas y comunitarias, mantuvieron una resistencia histórica a nivel nacional e internacional, demostrando con argumentos sólidos la inviabilidad del proyecto, la necesidad de modificar el modelo de gestión del agua y la importancia de considerar los impactos sociales, ambientales y culturales que este tipo de proyectos traen a la vida comunitaria, antes de tomar una decisión que impacte los territorios.

Lo que sucedió con el Proyecto Presa Zapotillo, es una clara lección de la que hay mucho que aprender; no se pueden tomar decisiones a espaldas de la población inmersa en el área núcleo de cualquier proyecto, obra, actividad o medida administrativa, no puede haber una política hídrica y de infraestructura que desestime los potenciales impactos sociales y ambientales, no puede haber desarrollo sin la participación de la gente. El centro de decisión de la gestión del agua debe enfocarse no solo desde soluciones técnicas, sino también en los derechos humanos, la sustentabilidad, la equidad y la justicia social.

Derivado de las acciones legales que las comunidades habían emprendido, la construcción de la Presa fue detenida totalmente en julio de 2014, un juez federal determinó la suspensión definitiva de la obra y, aunque parecía que la resistencia había ganado, la amenaza de continuar la obra estaba latente, con lo cual, no había tranquilidad para las comunidades.

Como un acto de reconocimiento a la larga lucha de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo que ninguno de los gobiernos anteriores había hecho, escuchar las demandas de los pueblos afectados y les pide encontrar una solución conjunta; se gestaron entonces mesas de trabajo sociales, técnicas y jurídicas para atender las distintas voces que hay sobre el conflicto, se encarga al entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la entonces titular de la Secretaría de Gobernación y la entonces Directora General de la Comisión Nacional del Agua, garantizar la efectiva atención a las demandas de los pueblos. Sin embargo, estas mesas son interrumpidas por la emergencia sanitaria del COVID en 2020.

Con el gobierno de la Cuarta Transformación se da un viraje en la política hídrica del país, poniendo en el centro los derechos humanos de las personas y los pueblos, privilegiando el diálogo y la participación de la gente, se llega a este acuerdo histórico a nivel nacional e internacional, escuchando las demandas de las comunidades. Autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua y la Presidencia de México llevaron a cabo un diálogo abierto con los pueblos afectados para la búsqueda de soluciones técnicas, cuyo objetivo principal fue evitar la inundación de los pueblos y aprovechar la inversión que el Estado mexicano había erogado.

En agosto de 2021, el presidente pide retomar el diálogo y propone a las comunidades una solución técnica, para concluir la Presa y usar la infraestructura que ya se tenía construida para dotar de agua a la Ciudad de Guadalajara, pero sin inundar a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, evitando el trasvase a León. Aparecen entonces soluciones técnicas para el abasto de agua tanto en Jalisco como en Guanajuato, que no implican la inundación de comunidades, con lo cual, actualmente la CONAGUA y los gobiernos de los estados trabajan en la búsqueda de alternativas para ambas entidades.

Al mismo tiempo, se implementa el Plan de Justicia para la reparación integral de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que consiste en 15 puntos que las comunidades establecieron como una forma de resarcir las violaciones a derechos humanos y los 15 años de abandono en los que tanto el gobierno federal, como el estatal y municipal dejaron de invertir, bajo el argumento de que iban a ser anegados.

En una acción coordinada y con una inversión sin precedentes en la región, el Gobierno de México ejecuta en su máximo potencial la cartera de programas de bienestar, los proyectos de autosuficiencia alimentaria coordinados por SADER, el programa de mejoramiento urbano coordinado por SEDATU, el programa emergente de vivienda y el programa de vivienda social que ejecutó CONAVI, carreteras de mejoramiento y reacondicionamiento de la carreteras rurales en ejecución por SICT y la construcción de la casa de la cultura, biblioteca, casa de la memoria y convite cultural que ejecuta la Secretaría de Cultura, el catálogo de monumentos históricos y la restauración de la Basílica de los Remedios en Temacapulín y del Templo de Flamacordis en Acasico, que va ejecutar el INAH; también, debido a las gestiones de la Secretaría de Turismo se logró el nombramiento de Temacapulín como pueblo mágico, el sector salud ha dotado de una psicóloga, médico y enfermera para los fines de semana, así como una ambulancia para emergencias médicas.

Dentro de las acciones del Gobierno de México, destaca la acción coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), convocados en la mesa de trabajo del sector ambiental: CONAFOR, CONANP, CONAGUA, IMTA, PROFEPA, UCAJ y la dirección general de ordenamiento territorial, quienes dan cumplimiento a las acciones de restauración del Río Verde, los programas de ordenamiento ecológico local territorial, acciones de reforestación, balance hídrico, la protección del ecosistema riparios y la planeación de las acciones de agua potable y saneamiento.

Reconociendo que no hay forma de cubrir el 100% las afectaciones efectuadas, el Plan de Justicia busca dar a los pueblos una reparación integral de los daños, justicia, verdad y garantías de no repetición, otorgarles la tranquilidad de que nunca más un proyecto hídrico se hará a espaldas de la gente, sin participación ciudadana y sin tomar en cuenta los impactos sociales, ambientales y culturales. Todavía les debemos mucho, pero poco a poco se construye un futuro mejor para las niñas y los niños de las tres comunidades y al mismo tiempo se garantiza una vida tranquila para las y los adultos mayores que lideraron esta lucha de supervivencia comunitaria. •

Los pueblos deciden. Mario Marlo / Somos El Medio

La Virgen de los Remedios. Blanca Gutiérrez