Los constructores del Centro de Justicia Penal Federal en Colima demandarán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por una deuda de más de 15 millones de pesos desde 2018. En México no hay autoridad que pueda juzgar a ese organismo del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ha dado nula atención a las solicitudes de arreglo.

Esto fue dado a conocer a La Jornada por el ingeniero Adalberto Morán Tapia, apoderado legal de la empresa Ingeniería y Control de Proyectos, quien señaló que “los representantes del CJF han sido totalmente omisos en responder a nuestras peticiones de entrega de recursos desde 2018, que superan 15 millones de pesos por trabajos realizados y el finiquito de la obra.

Los representantes del CJF no han respondido las solicitudes de reunión que se les han formulado de manera insistente; tampoco han atendido, respecto de la entrega de una copia certificada de todos los documentos del contrato y los acuerdos con los que se estableció que la obra realizada en el estado de Colima se concluyó a su entera satisfacción.

Precio alzado

La historia de este asunto comenzó el 8 de diciembre de 2016, cuando la empresa que denunciará al CJF ganó el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado identificado con el número CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, con el que se realizaría el Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede en Colima, Colima.

El monto del contrato fue por 423 millones 924 mil 885 pesos. La obra se inició 12 de diciembre de 2016, y se concluyó en abril de 2018; el acta de entrega recepción del inmueble se formalizó en mayo de ese año.

Realizadas las revisiones que conllevan estos trabajos, “se acordó el 13 de agosto de 2018 el finiquito del contrato y allí se estableció que la Judicatura Federal devolvería a la empresa 14 millones 422 mil 216 pesos, como parte de las retenciones realizadas durante la edificación del inmueble, es decir esos recursos debían quedar a disposición de los constructores una vez que se certificara el cumplimiento del contrato.

No es un dinero que la Judicatura tenga que retirar de su presupuesto o programar, ya que son recursos que formaban parte de la garantía del cumplimiento de la obra, puntualizó Morán Tapia.

A esa cantidad se debe sumar un pago pendiente por obras realizadas por un millón 132 mil 534 pesos, cantidad que también está reconocida en los documentos firmados por los representantes de la empresa Ingeniería y Control de Proyectos y de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, como lo eran en 2018, Néstor Gamaliel Ortega Juárez, director de obras; Diego Romero Ángeles, subdirector de área, y Marcos Gervacio Jiménez, supervisor interno.

Ámbito internacional

“Debido a que en México no existe autoridad que pueda juzgar el caso, y ninguna autoridad del CJF [ha escuchado], aunque se ha solicitado un encuentro con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del PJF, es que se recurrirá a la Coridh.

“Al tratarse de un contrato entre los órganos de los que dependen los tribunales federales y un particular, se contraviene el principio de garantía de acceso a la justicia imparcial, a pesar de que esto es obligatorio para los jueces nacionales por ser México un país signante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Es decir, el CJF se convierte en juez y parte, por lo que se denunciará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación al principio de igualdad de partes en la celebración de un contrato, lo que implica un ejercicio abusivo de poder por parte de la Judicatura, señaló Morán Tapia.