Madrid. Las calles aledañas al Congreso de los Diputados están bajo un hermético control policial para impedir durante estos días que las protestas contra la investidura del socialista Pedro Sánchez imposibiliten el normal funcionamiento parlamentario.

Esta es sólo una muestra del grado de crispación que afecta la política del país, con al menos la mitad de la población en contra de los pactos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, que permitirán la relección de Sánchez como presidente del gobierno.

El Parlamento comienza hoy el debate de sesión de investidura, en el cual, por primera vez en la historia desde la restauración de la democracia, gobernará el país una coalición de ocho partidos políticos encabezada por el PSOE, que en los comicios del pasado 23 julio fue el segundo más votado y logró 121 escaños.

Para impedir que la derecha y la extrema derecha gobiernen el país, Sánchez negoció con el resto de formaciones políticas y alcanzó una serie de acuerdos, algunos muy polémicos, con el Partido Nacionalista Vasco, EH-Bildu, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, la coalición de 15 partidos de izquierda Sumar, el Bloque Nacionalista Galego y la Coalición Canaria.

Esta alianza multipartita da un total de 179 diputados, frente a los 171 del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro, por lo que será vital para sacar adelante las iniciativas parlamentarias a lo largo de los próximos cuatro años que dure la legislatura.

La tensión se ha centrado ante la inminente ley general de amnistía, que eliminará los procesos judiciales y las sentencias en curso a todos los militantes, simpatizantes y líderes del proceso de independencia unilateral catalán desde 2012 hasta la fecha.

De hecho, la víspera de la sesión de investidura, volvieron a alzar la voz contra esta reforma colectivos de jueces, asociaciones de abogados del Estado, inspectores de Trabajo y de Hacienda, sindicatos de las fuerzas policiales e incluso algunas agrupaciones de funcionarios.

En el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó un cambio urgente de la normativa de las iniciativas parlamentarias con el único objetivo de intentar retrasar lo máximo posible la entrada en vigor y la tramitación de la ley general de amnistía.

Durante esta jornada se volvieron a concentrar en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid miles de personas en repudio a los pactos y la ley de amnistía.