El destino de los recursos obtenidos por la venta de petróleo fue el único gran ajuste que tuvo la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024 a su paso por el Legislativo. El documento, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destaca que en el último año de esta administración se espera captar más de 9 billones de pesos provenientes de impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones a la seguridad social, renta petrolera y deuda.

En la principal fuente de ingresos, el cobro de impuestos, no hubo modificación. De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prevé captar 4 billones 942 mil 30.3 millones de pesos a través de las contribuciones públicas, dinero que equivale a 54 por ciento de los recursos con que espera contar el gobierno federal el próximo año.

En los ingresos obtenidos del endeudamiento tampoco hubo movimiento. El Ejecutivo propuso que un billón 737 mil 50.6 millones de pesos en términos netos se consiguieran mediante financiamiento y el Legislativo lo aprobó sin cambios. Con ello, 19.2 por ciento, casi una quinta parte del dinero con que espera contar el gobierno en 2024, provendrá de deuda.

Por cuotas y aportaciones a la seguridad social, que sirven para financiar los derechos adquiridos por los trabajadores, se esperan 535 mil 254.7 millones; por aprovechamientos, 193 mil 877 millones; 59 mil 91.4 millones por derechos, 8 mil 641.6 millones por productos y 36.5 millones más por contribuciones de mejoras.

Los únicos grandes conceptos que cambiaron en el Legislativo fueron los ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, que aumentaron de un billón 286 mil 846.5 millones de pesos a un billón 312 mil 289.4 millones, y las “transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, que se reducen de 303 mil 217.2 millones a 277 mil 774.3 millones.

Ambos fueron modificados por la Cámara de Diputados en 25 mil 442.9 millones de pesos. Se adicionó esa cantidad a Petróleos Mexicanos (Pemex) y se recortó en las transferencias que la empresa hace al gobierno federal a través del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).

Con el aumento de 25 mil 442.9 millones de pesos en los ingresos estimados para Pemex, se espera que éstos alcancen 769 mil 805.6 millones de pesos por la venta de bienes y prestación de servicios. Ese dinero se reduce de las transferencias del FMP, así que al final se espera que el gobierno federal capte por ese concepto 277 mil 774.3 millones de pesos.

Es decir, de un billón 47 mil 579.9 millones de pesos que generen la industria petrolera y Pemex, poco más de una cuarta parte irá al gasto del gobierno federal y el resto a la empresa productiva, en línea con la política de ir reduciendo la carga tributaria de la compañía vía la tasa de derechos de utilidad compartida, que en 2018 estaba en 65 por ciento y cerrará este sexenio en 35 por ciento.

Esa caída de la renta petrolera es el meollo de la discusión alrededor de los apoyos a Pemex, dado que tienen un efecto tanto en los ingresos como en el gasto públicos, expuso en un estudio el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Explicó que en esta administración los apoyos a la petrolera, entre estímulos fiscales, reducciones del derecho a la utilidad compartida (DUC) y aportaciones patrimoniales, alcanzarán un billón 803 mil 839 millones de pesos. Al margen de estos apoyos, no hay una política con suficientes recursos para consolidar la transición energética.

La firma calificadora de riesgo Moody’s destacó que los supuestos planteados en el paquete económico del próximo año, en particular las aportaciones patrimoniales que se piensa destinar a Pemex, alivian el estrés financiero de la compañía, pero se encuentran acotados para modificar su producción, dados los recortes aplicados en inversión de capital.