Madrid. La prórroga del impuesto a las grandes empresas energéticas españolas pondría en riesgo 16 mil 500 millones de euros (17 mil 700 millones de dólares) en inversiones vinculadas a la transición energética, advirtió el lunes un grupo de presión que representa a las principales petroleras del país.

Se trata de la más reciente ofensiva contra la posible ampliación del gravamen, incluido en un acuerdo de coalición entre el Partido Socialista del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la confluencia de izquierdas Sumar, que aspiran a formar parte del gobierno.

En diciembre del año pasado el gobierno impuso una tasa de 1.2 por ciento durante dos años a las empresas energéticas que facturaran al menos mil millones de euros.

La petrolera Repsol ya ha congelado sus planes de inversión en una planta de hidrógeno en el norte de España.

La semana pasada, José Bogas, consejero delegado de la eléctrica Endesa, criticó el impuesto por discriminatorio e injustificado.

Mantener este gravamen pone en riesgo 16 mil 500 millones de euros en inversiones para la transición energética, afirmó la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), argumentando que dichas inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria.

La unidad española de la petrolera mundial BP, así como las españolas Cepsa y Repsol, figuran entre las empresas representadas por el grupo.

Repsol es una de las empresas que han impugnado el impuesto ante los tribunales. En febrero, la Audiencia Nacional española rechazó una solicitud de Repsol de que se dictara una orden judicial contra el impuesto.