En tres años de existencia, el Registro Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) reporta a 316 personas sancionadas; sin embargo, este mecanismo carece de un esquema de vigilancia para la reparación del daño o de asesoría y acompañamiento a las víctimas.

Casi tres cuartas partes de los agresores se encuentran en el ámbito municipal y aumentan las formas de violencia digital, como los embates en redes sociales.

En el registro, la VPMRG está clasificada en simbólica, sicológica, sexual, verbal, física y emocional.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey, integrante de la comisión respectiva, subrayó que se trata de un tema muy importante si se toma en cuenta que de poco más de 20 mil cargos de representación popular que estarán en disputa el año próximo, en al menos la mitad se debería postular a mujeres.

Hemos sido eficientes pero no hemos podido erradicar la violencia política, comentó.

La consejera ha insistido en la necesidad de crear una defensoría pública o de la Unidad Integral de Atención a Mujeres, para que las denunciantes tengan más posibilidad de ser atendidas y las y los responsables no queden en la impunidad.

El INE no resuelve de fondo los casos de violencia política, sólo emite medidas cautelares o urgentes y sustancia el expediente para enviarlo a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, buena parte de los sucesos caen al INE, aun cuando no corresponde al órgano atenderlos, por ejemplo, en expedientes de violencia física.

Si no se hace un acompañamiento efectivo, dijo Humphrey, las denuncias irán decreciendo.

“La gente no denuncia muchos delitos por el entendido de ‘no pasa nada, me voy a tardar mucho’ en el proceso. Principalmente a nivel local –donde ocurre 72 por ciento de los casos de violencia política– las mujeres requieren abogados y abogadas, dinero, tiempo, situación que podríamos paliar con una defensoría pública”, señaló.

A nivel local se dan más las amenazas, no por parte de extraños sino incluso por sus propios dirigentes políticos y compañeros de partido.

La consejera ha sido señalada, de manera implícita o explícita, no por su condición de funcionaria electoral o abogada con estudios de posgrado, sino porque fue esposa o ex esposa de tal persona e incluso –reveló– intentan utilizar a su pareja para mandarle mensajes o al revés.

Igualmente, comentó, los legisladores suelen prohibir a sus compañeras de bancada, por ejemplo, meterse en tal o cual asunto, so pena de represalias.

Sigue habiendo resistencias, basta ver lo ocurrido con el acuerdo de paridad aprobado la semana pasada; el estado machista y patriarcal se niega a sucumbir y creo que lo vamos a ver de distintas formas en este proceso electoral, dijo.

La violencia digital tiene ese componente: el anonimato y la rápida difusión de noticias e imágenes para mermar su capacidad para ocupar un cargo, y la dificultad, por eso mismo, de tener elementos para interponer una denuncia.