s el viejo truco de sí, pero no –léase doble cara–: el Poder Judicial de la Federación acepta la propuesta presidencial de utilizar los fondos (cerca de 15 mil millones de pesos) de los trece fideicomisos recién extinguidos por el Legislativo para atender a los damnificados por el huracán Otis y comenzar la reconstrucción del puerto de Acapulco y demás zonas devastadas por el meteoro.

Prácticamente de inmediato, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó dialogar sobre dicha propuesta y envió al jefe del Ejecutivo un oficio en el que manifiesta su deseo de establecer bases para asegurar que el destino de esos fondos sea el indicado por López Obrador. Esa sugerencia, dijo la ministra, representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Y de pasadita le envió un saludo cordial.

Hasta ahí, todo bien y plausible … pero en paralelo a la invitación y la aceptación se conoció que en un juicio de amparo, un juez federal con sede en Chihuahua concedió una suspensión provisional que frena la reforma por la cual quedaban eliminados 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con fondos por más de 15 mil millones de pesos. Juan Fernando Luévano Ovalle, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, falló en este caso en favor de la quejosa, María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de la misma entidad. Así, a decisión de Luévano Ovalle prohíbe temporalmente al CJF transferir los recursos de los fideicomisos a la Secretaría de Hacienda a la Tesorería de la Federación ( La Jornada, César Arellano García).

Y colorín colorado (sí, pero no), este cuento (aceptamos la propuesta presidencial, pero me amparo) no se ha acabado, porque esos fondos no podrán utilizarse hasta que el citado juez federal decida si concede o no la suspensión definitiva a la truculenta magistrada Cordero Martínez, lo que sucedería, si bien va, el próximo 9 de noviembre.

Entonces, por un lado la buena voluntad y el saludo cordial y por el otro el candado de una integrante del PJF (utilizando sus propios mecanismos, es decir, juez y parte) para que los recursos no fluyan para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas. Y ello no es casualidad, sino corresponde a una sucia maniobra del Poder Judicial que se niega a perder sus privilegios. Maquiavelo togado. Sí, pero no.

En vía de mientras, el presidente López Obrador anunció el plan general de reconstrucción que incluye 20 puntos a desarrollar, en tanto el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que la inversión para atender a los damnificados y reconstruir la zonas devastadas suma 61 mil 313 millones de pesos, e incluye, entre otros, el adelanto del pago de pensiones y programas para el Bienestar; ampliación a 10 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; aumento al doble del número de becas nivel básico; prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Fovissste y Seguro Social; no pago por el servicio de luz de octubre de 2023 a enero de 2024; entrega de la canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses.

Además, apoyo a viviendas y locales afectados; créditos a la palabra de Financieradel Bienestar; plan de recuperación de infraestructura urbana; exención fiscal; rehabilitación de infraestructura carretera; paquetes de enseres domésticos; recuperación de la infraestructura de energía eléctrica; apoyo a todas las escuelas y apoyo extraordinario para productores y pescadores.

Las rebanadas del pastel

Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel ante los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino; Gustavo Petro, presidente de Colombia, llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, porque si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá; Gabriel Boric, mandatario chileno, hizo lo propio ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como lo demuestran las más de 8 mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños; Lula da Silva, presidente de Brasil, denuncia que estamos viendo por primera vez un conflicto en el que la mayoría de los muertos son niños, y México… ¿para cuándo?

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