Diversidad genética de maíces nativos en la Costa Grande de Guerrero. Marcos Cortez BacilioGuerrero
El maíz nativo y su percepción en Sembrando Vida
El presente trabajo nace de una diversidad de voces del campo, que se interrelacionan de manera directa e indirecta con el programa Sembrando Vida (SV). Se realizó a través de una etnografía institucional, para ello se seleccionaron algunas comunidades de las regiones del estado de Guerrero donde se implementa el programa, con particular énfasis en aquellas que permitieran analizar la importancia del maíz nativo desde las siguientes cuestiones: ¿Cómo se posiciona el maíz nativo en el discurso oficial desde la perspectiva de SV? ¿Qué valor institucional toma el maíz nativo, como un elemento estratégico en las acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria?
En Guerrero más de 370 mil productores cultivan maíz en un promedio de 500 mil hectáreas, obteniendo una producción aproximada de un millón 400 mil toneladas, ocupando un sexto lugar a nivel nacional. El maíz se mantiene desde la época prehispánica en la identidad alimentaria, y debería ser un recurso genético determinante dentro de los programas destinados a garantizar la autosuficiencia alimentaria. También debería tener un papel fundamental en la actual política pública para las comunidades rurales, donde el consumo de maíz aporta más del 50 por ciento de las calorías de la dieta diaria de las personas, y gracias a prácticas agrícolas tradicionales, hereditarias y culturales, aún conservan biodiversidad local.
Bajo este escenario, el programa SV no contempla la conservación de los maíces nativos y del sistema complejo de policultivo como la milpa, esto no sólo contraviene la identidad biocultural que salvaguarda al maíz como recurso indispensable, sino que pone en riesgo su soberanía alimentaria territorial. Por ejemplo, las parcelas que antes destinaban las familias a la siembra de maíz, se han ido reduciendo y desplazando por árboles frutales, forestales e industriales. En la Costa Chica y Costa Grande les exigen que siembren cedros y caobas que necesitan una gran cantidad de agua para su adaptación, por lo que muchas plantas mueren con frecuencia, ya que el vital líquido es escaso en ambas regiones; además, no son plantas adecuadas para las zonas donde van dirigidas. Algo similar sucede con el papel de los facilitadores y equipos técnicos, donde su función se reduce a ser burócratas, proveedores de recursos financieros y tecnológicos de acuerdo a sus intereses y no por las necesidades expresadas por los propios participantes, comunidades y ejidos que se beneficiarían.
Estas situaciones generan un impacto en todas las regiones, porque no toman en cuenta el vasto conocimiento y las experiencias comunitarias sobre su medio y las diferentes formas de cultivar sus sistemas tradicionales. Al respecto los sembradores coinciden al manifestar: “No nos permiten que toda la familia se dedique a los trabajos del programa, sino que sólo uno de nosotros participa en las encomiendas que nos dan los técnicos”. Esto evidencia el rompimiento de la división del trabajo familiar para abastecer muchos elementos esenciales de subsistencia, sin reconocer el carácter valioso y nutricional que tiene la producción de alimentos con maíces nativos.
En el discurso oficial, la administración obradorista pretende apartarse del neoliberalismo, pero mantiene la misma política de subsidios individuales, focalizados y condicionados que caracterizaron a la política económica neoliberal de programas añejos como: Fertilizante, Pimaf, Procampo, Proagro, Masagro, entre muchos otros. En la percepción dentro de SV, escuetamente intentan la siembra de maíces nativos, en particular, los sembradores mantienen la utilización de “híbridos-mejorados”, herbicidas y fertilizantes sintéticos, entorno que obstaculiza la transición hacia otros paradigmas de agricultura sostenible: “Estos insumos nos han vuelto flojos, somos conscientes, pero nos permiten obtener buenos rendimientos, y nos hacen competitivos, aventajamos más superficie en un día, y hay resultados rápidos” dicen.
Sin embargo, pese a las dificultades por las que atraviesa la agricultura campesina en Guerrero, ésta mantiene el 70 por ciento el cultivo del maíz nativo, principalmente por razones y lógicas distintas a la economía de mercado, es decir, una economía campesina que se fundamenta en el cultivo de maíces nativos de acuerdo con sus principios socioeconómicos y sus valores socioculturales. Es por eso que cualquier programa que brinde apoyos para la producción de granos básicos, debería basarse en los intereses socioecológicos sobre los económicos para garantizar soberanía alimentaria; debería ir más allá de la visión externa y vertical, considerando los diferentes elementos construidos por los propios actores sociales que enfrentan cotidianamente el problema de alimentos. Es evidente que (en los casos analizados) las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CACs) no surgieron de un proceso de planeación comunitaria participativa, ni tampoco se distingue una atención genuina a las necesidades de las familias de bajos ingresos, consideradas las más pobres; contexto que contradice el discurso oficial que posiciona al programa SV en 23 entidades federativas del territorio mexicano.
Desafortunadamente el maíz nativo, alimento primordial para el sustento de millones de familias, no está en los intereses de SV, a pesar de promover la Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF); dicho sistema carece de apropiación de los equipos técnicos y sembradores, lo que tiene como resultado hasta ahora la poca aceptación (situación similar acontece con los bioinsumos en el componente de biofábricas) en las regiones de Tierra Caliente y Sierra: “Cuando los arboles crezcan, si bien nos va, vamos a sacar algún ingreso, y para eso falta mucho; pienso que la mayoría de los que participamos en el programa, vamos a preferir cultivar esa tierra como lo venimos haciendo desde hace años”. Históricamente, los beneficiarios aceptan con facilidad los apoyos externos, a sabiendas que no son la solución para mejorar sus condiciones de vida, dado que sólo fortalece una cultura institucional de codependencia que ha sido muy característico en las regiones de estudio. Esto también contradice los objetivos con los cuales se instauró el programa: 1) Contribuir al bienestar social; 2) Impulso de la autosuficiencia alimentaria; 3) Reconstrucción del tejido social; y 4) Recuperación del medio ambiente.
Este caso permite observar la introducción de maíces y otras semillas híbridas dependientes de mercados foráneos, cuya producción se destina principalmente a los mercados agroalimentarios industriales, y no para alcanzar el autoabasto local. Los equipos técnicos adoptan el discurso hegemónico con una visión productivista-individualista de progreso, que se presenta como la panacea para acabar con la pobreza del medio rural. Se minimiza el valor estratégico del maíz nativo como base de la cultura alimentaria de las comunidades campesinas y pueblos originarios, lo que supone una drástica pérdida de la soberanía alimentaria.
Si bien el problema de la dependencia de maíz (17 millones que representan un 99 por ciento de grano amarillo), se admite como una construcción social hecha desde arriba y desde afuera, centrada en la crítica oficial a los bajos rendimientos de la producción de maíz nativo, cuyos elevados costos no logran competir en los mercados nacionales, regionales e internacionales. Con ese tipo de valoración, se construye la idea de que la producción de maíz nativo no es rentable y es asunto de pobres, con lo que se justifica su sustitución por semillas “híbridas-mejoradas”, además de seguir promoviendo modelos basados en tecnologías sofisticadas. Esta orientación es auspiciada por los operadores de los distintos niveles de gobierno, en los cuales aparecen diferentes prácticas, discursos e intereses. Cabe decir que el discurso de desarrollo en SV sigue siendo un arma importante en las estrategias de intervención gubernamental; y es usado por muchos para su propio beneficio, aquí la importancia de seguir analizando el trasfondo y prácticas institucionales realizadas en la operación de los programas sociales, incluso en la realidad contradicen las practicas discursivas, procesos metodológicos y normas establecidas. •