Editorial Activismo silencioso

¿Los campesinos son una clase? Cuando luchan por sus intereses son una clase. Cuando no luchan no.

Teodor Shanin

Decir sociedad es decir organización sin embargo en la sociedad capitalista la organización que se da a sí mismo el mercado suple a la organización de las personas que son reducidas a individuos atomizados. Hay sin embargo grupos sociales como los campesinos cuya condición los dota de un impulso inmanente que llamaré organicidad; de una generalizada propensión a agruparse tanto para domeñar el retador entorno natural como para resistir el hosco entorno socio económico.

En el mundo rural la preservación de la identidad demanda rituales y fiestas que se organizan y realizan entre todos a veces mediante mayordomías; en el ámbito agrario la producción de bienes y la procuración de servicios requieren con frecuencia de acciones colectivas: tequio, guetza, mano vuelta…; la dispareja negociación con los agentes económicos que dominan el mercado al que los campesinos concurren los obliga a formar asociaciones para la producción o comercialización, cooperativas, uniones de crédito…; finalmente la amenaza que representan actores político sociales hostiles y de gran envergadura los fuerza a organizarse para resistir y luchar: ligas, uniones, coordinadoras, redes…

Enfrentados a entornos naturales ariscos y acosados secularmente por entornos sociales adversos los campesinos siguen sin embargo ahí. Contra todo y contra todos subsisten. Los campesinos son los eternos sobrevivientes y lo son porque se organizan, lo son porque lo suyo es la organicidad.

La organicidad campesina que encarna en sus comunidades es profunda y ancestral. Pero la de ahora es otra; es la que se requiere para hacer frente al capitalismo canalla y en esto la comunidad tradicional no basta, es necesaria pero no es suficiente. Hacen falta estructuras especializadas, organizaciones de segundo y tercer nivel, amplias convergencias regionales o sectoriales… Y construirlas es una tarea permanente.

Sembrando organización

A la sociedad no la organiza el Estado y no puede ser el gobierno quien organice a los campesinos. Pero las políticas y los programas públicos pueden propiciar o desalentar la asociación autogestionaria de los pequeños productores rurales. Y favorecerla es uno de los ejes de Sembrando Vida que a través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) agrupa a los beneficiarios para realizar juntos parte de los trabajos que demanda el programa. Ayudar a los campesinos a mejorar su vida mediante la creación de un patrimonio agrícola es una fortaleza de Sembrando Vida, pero es igual de importante acompañarlos en la integración de un colectivo funcional, a la postre un activo igual de valioso que la huerta biodiversa.

Formados cada una por alrededor de 25 sembradores más algunos becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y acompañados por un par de promotores las CACs intercambian conocimientos, coordinan actividades, construyen y operan el vivero, echan a andar la biofábrica… y sobre todo tejen relaciones fraternas mediante el trabajo compartido. “Antes a lo mejor ni nos saludábamos, ahora somos una familia” dicen los sembradores. Una familia productora, hacendosa y compartida como son las familias rurales.

Y pueden ser la semilla de una organización. No un agrupamiento circunstancial que obedece a las reglas de operación del programa sino un organismo autónomo capaz de autogestionarse, un sujeto social con identidad y proyecto propio, una verdadera organización rural.

Pueden ser, aun no lo son. Cuando se cumplan los seis años durante los cuales los beneficiarios del programa reciben el subsidio y tienen acompañamiento técnico los sembradores tendrán que decidir si siguen fomentando una parcela que ya es productiva y les da para vivir aun sin el dinero que les otorga el programa o si la dejan caer y le buscan por otro lado; si se mantienen agrupados transformando la CAC en otra cosa o se va cada quien a lo suyo.

En el programa se sabe que todo eso va a ocurrir: en algunos casos el patrimonio agroforestal se seguirá incrementando mientras que en otros se perderá, en algunas CACs seguirán trabajando juntos con parte de los sembradores iniciales y quizá con algunos nuevos mientras que otras se dispersarán.

Se sabe que el avance no puede ser lineal y que el fin del subsidio es un punto de quiebre. Pero se trabaja para reducir las inevitables deserciones y lograr que de lo construido se conserve lo más posible promoviendo para ello las iniciativas productivas del grupo; ayudándolos a comercializar a certificarse como orgánicos y si es posible a darle valor agregado a sus productos; pero también apoyando en los trámites a los que quieren formar cooperativas para seguir trabajando juntos cuando se disuelva la CAC.

No son pocos los que sienten ese impulso asociativo y si el acompañamiento sigue en el próximo sexenio sin duda miles de organizaciones se consolidaran. Y es que las CACs son alrededor de veinte mil a las que habría que agregar las cerca de tres mil Escuelas Campesinas ECAs del programa Producción para el Bienestar que son muy semejantes. Veintitrés mil semillas organizativas plantadas, regadas, abonadas, injertadas, podadas… seguro que algo se cosechará.

En cuanto al contexto en que se dan estos incipientes procesos autogestionarios, hay que reconocer que el movimiento y la organización rural han vivido en México un reflujo, un decaimiento que es necesario remontar principalmente por la vía de las asociaciones productivas. Por eso es tan importante que algunos programas públicos para el agro impulsen la cooperación.

Flujos y reflujos

Las luchas y organizaciones campesinas son de arranque diversas y dispersas como lo son sus animadores, sus poblados y sus regiones. Pero a veces la generalización de ciertos agravios o de ciertas demandas va conformando lo que podemos llamar un movimiento nacional, un sujeto campesino en construcción que en mayor o menor medida comparte problemas, formas de lucha y proyecto. Y los movimientos campesinos nacionales se desarrollan por oleadas y se suceden unos a otros.

En los años setenta y primeros ochenta del siglo pasado fue la generalizada lucha por la tierra, un neo zapatismo animado por hijos de ejidatarios y otros campesinos sin parcela que invadían nuevos latifundios. A esta oleada siguieron en los ochenta creativos impulsos a la economía asociativa mediante la apropiación autogestionaria de la cadena productiva por los agricultores pequeños. El alzamiento del EZLN en 1994 y su rápida pacificación desataron el activismo indígena que reivindica las autonomías en sus territorios. Al iniciarse el siglo XXI los impactos del TLCAN provocaron un movimiento que con la consigna “El campo no aguanta más”, luchaba no tanto por demandas particulares como por un cambio de modelo para el agro y para el país. La ofensiva del capital sobre los recursos naturales que se intensificó en las recientes décadas tuvo por respuesta el estallido de múltiples combates en defensa de los territorios.

En medio siglo tuvimos cinco grandes oleadas de lucha campesina: por la tierra, por la producción, por las autonomías, por un cambio de modelo, por los territorios amenazados. Movimientos cuyas banderas predominan por un tiempo pero que no suprimen el activismo previo, que continúa si bien con menos visibilidad. Y es que las oleadas de lucha se suceden y traslapan como las partes de un catalejo cuyas secciones se sobreponen unas sobre otras. Así durante la generalizada lucha por tierra de los setenta los cañeros que peleaban el precio seguían tomando ingenios azucareros y cuando en los ochentas la lucha se va trasladando a lo productivo sigue habiendo tomas de tierra.

La lucha política por cambiar el régimen desplegada en los últimos veinte años tuvo apoyo campesino en 2006, en 2012 y en 2018, año en que se integró el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI que promovió con éxito el voto por López Obrador, quien a su vez se comprometió con el proyecto agrario que ellos le presentaron. Sin embargo, en los años del nuevo gobierno en vez de más activismo rural hemos tenido desmovilización, un reflujo general con estallidos aislados que no conforman un movimiento. ¿Por qué?

Lo que sucedió es que después de la gran convergencia y las multitudinarias acciones de 2003 por un cambio de rumbo las organizaciones que habían formado el Movimiento “El campo no aguanta más” se olvidaron del proyecto estratégico que habían construido entre todas para dedicarse a competir entre sí por los recursos públicos, sin que hubiera mayores coincidencias que los bloqueos anuales en San Lázaro para que los diputados le aumentaran el presupuesto al campo.

En cuanto a la defensa de los territorios lo que más la ha debilitado es que a diferencia de las ofensivas batallas por la tierra de los setenta y ochenta que libraban unos jóvenes rurales empeñados en ser campesinos, los nuevos movimientos, que ciertamente son muy convocantes pues defienden el terruño último reducto de la vida comunitaria, son también defensivos y sin claro proyecto de futuro.

La gestión de recursos y las presiones por el presupuesto que en mayor o menor medida habían hecho clientelares a las organizaciones campesinas mayores perdió pie cuando el nuevo gobierno decidió que los apoyos serían directos al productor. En cuanto a la defensa del territorio, algunos intentos de centrarla en la oposición a los “megaproyectos” de un gobierno que lejos de ser predador como los anteriores en varios conflictos locales ha resuelto en favor de los defensores no encontró respuesta suficiente.

Un movimiento silencioso

¿Se agotó el activismo rural? ¿Los rústicos mexicanos han dejado de ser el sujeto histórico y nacional que fueron? Llegué a pensar que sí pero ahora creo que no. El accionar campesino sigue, solo que perdió visibilidad y por el momento no hay señales de una convergencia amplia y activa que lo haría de nuevo patente.

Desdibujadas la gestión clientelar y la defensa territorial sin proyecto los campesinos se van enfrentando al que es, ha sido y será su desafío mayor: la deserción de los jóvenes, el vaciamiento del mundo rural, el fin de la esperanza. Y esto no es nuevo, migración siempre ha habido, pero el éxodo generalizado a las ciudades y a los Estados Unidos se tornó estampida en los años del neoliberalismo.

Si bien para una o dos generaciones del medio siglo ser campesino había perdido el atractivo que tuvo después de la revolución y el cardenismo, los rústicos seguían haciendo planes para el futuro: querían tierra para los jóvenes, demandaban apoyos para la producción, se esforzaban por autogestionar su economía… hasta que los cambios al artículo 27 constitucional, el desmantelamiento de las instituciones de fomento rural y las políticas anti campesinas de los tecnócratas acabaron con sus ilusiones.

Contra lo que se esperaba la reforma constitucional no provocó la rápida y generalizada privatización de los ejidos. Pero el golpe estaba dado. Quizá los campesinos no perdieron de inmediato sus tierras, pero perdieron a sus hijos lo que es mucho peor. Lenta pero persistente avanzaba la descampesinización.

La privatización de muchas tierras de propiedad social que pasaron a manos de empresarios y la ocupación por el capital de numerosos territorios y recursos han sido posibles porque previamente se desmoralizó a la sociedad rural y se debilitó su resistencia. Y es que, si no hay visión de futuro, si no hay esperanza, si no están nuestros hijos ¿qué carajos defendemos?

Hay que seguir resistiendo, hay que seguir dando la batalla por el patrimonio y el terruño, pero sobre todo hay que reanimar la esperanza. Y la esperanza se restaura mediante la apropiación productiva de los territorios que se defienden, se renueva demostrando que de la tierra se puede vivir dignamente y prosperar. La esperanza revivirá cuando se convenza a las nuevas generaciones de que ser campesino es un buen futuro.

Reanimar la producción

La nueva oleada de organización y activismo campesino -de la que ya hay claras señales- tiene como es habitual muchas expresiones, pero se va centrando en la producción. No cualquier tipo de producción sino una producción campesina, una producción que sigue el modelo de la milpa, una producción que ahora llamamos agroecológica porque busca ser ambientalmente sostenible, técnicamente adecuada, económicamente viable y socialmente justa.

Pero también estimulante, prometedora, demandante y atractiva para las nuevas generaciones pues, así como hay que frenar el éxodo hay que disputarle los jóvenes a la delincuencia organizada; una plaga tan terrible como la deserción que cunde y enraíza por lo mismo: porque en el campo se marchitó la esperanza; la esperanza amable y generosa, no la vana y fugaz del narco.

En un encuentro reciente, el Foro Rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, parte de los que con el título Proyecto de nación 2024-2030, se realizaron en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, participaron con diagnósticos y propuestas trece organizaciones rurales, que de haber habido tiempo hubieran sido muchas más. El balance fue que “el campo tiene voz, tiene proyecto, está organizado y sus organizaciones están vivas”.

Estaban ahí asociaciones de productores con alrededor de treinta años de existencia como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores de Productores del Campo y el Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestería que como otras siguen activas y beligerantes porque gestionan la producción y comercialización de sus agremiados y no se limitan a bajar recursos públicos. Estaba igualmente el Movimiento Campesino Indígena y Afromexicano “Plan de Ayala siglo XXI” formado en 2017 con motivo de la candidatura a la presidencia de la República de López Obrador y que agrupa a la mayor parte de las organizaciones nacionales multiactivas. Había también cooperativas de pescadores y organizaciones de apicultores, asociaciones de productores de leche…

Estuvieron presentes organizaciones no directamente productivas pero vinculadas al tema alimentario como la Campaña Sin maíz no hay país, la Alianza por la Salud Alimentaria, la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México y el frente en Defensa del Maíz dando fe de que la problemática agrícola ocupa a los productores, pero también a los consumidores.

Dos organizaciones sin incumbencia directa en la producción dejaron constancia en el evento de la existencia de otros importantes frentes de lucha: la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, que defiende los derechos de quienes hoy por hoy levantan la mayor parte de las cosechas de nuestro país, y la debutante Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades que agrupa autoridades agrarias de 24 estados de la República y reivindica la propiedad social de la tierra.

Las organizaciones formales o informales de los productores agropecuarios proliferan y son numerosas: posiblemente decenas de miles. A diferencia de la lucha económica campesina de los años ochenta del pasado siglo que en muchos casos se tradujo en grandes organizaciones como las Asociaciones Regionales de Interés Colectivo y las Uniones de Ejidos, las de hoy son por lo general modestas si bien algunas cuentan con amplísima membrecía. Además, casi todas tienen conciencia ambiental y son vigilantes de la tecnología. Y hay que festejar que 40 años después la presencia de las mujeres es hoy patente y creciente: en Sembrando Vida, por ejemplo, las sembradoras representan más del treinta por ciento.

Los contingentes que peregrinaban y eventualmente tomaban las secretarías de estado, los plantones y bloqueos de quienes resisten el despojo son acciones estentóreas y muy visibles que cuando proliferan dan fe de que hay un movimiento. En cambio, reinventar la tecnología, buscar financiamiento, procurarse los insumos, cosechar, transformar y comercializar y todo esto hacerlo de manera asociativa tiene menos visibilidad, pero no menos intensidad y consistencia. Quedo y sigiloso el nuevo movimiento campesino está ahí y se expande. En hora buena.

Parte potencialmente importante de este todavía silencioso movimiento son las CACs y ECAs que hoy dependen de programas públicos, pero de las que sin duda surgirá una nueva camada de organizaciones autónomas cuya amplitud dependerá de que Sembrando Vida y Producción para el Bienestar sigan y se perfeccionen en el próximo sexenio.

Qué le toca al gobierno

¿Qué espera este movimiento de la administración pública? Espera que le siga dando prioridad al campo y a los campesinos con énfasis en las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios; espera que defienda la propiedad social e impulse la producción social; espera que mantenga el impulso a la agroecología; espera que con la participación de productores pequeños, medianos y grandes persevere en procurar la aun lejana autosuficiencia alimentaria; espera que mantenga y mejore los actuales programas para el campo y cree los nuevos que hacen falta…

Pero sobre todo espera que el gobierno tome en cuenta a las auténticas organizaciones de los agricultores, que las reconozca como interlocutores válidos y necesarios. Y es que el desarrollo rural que necesitamos es el que se impulsa desde arriba y desde abajo y sin organizaciones campesinas que los potencien y multipliquen los recursos públicos se diluyen en un mar de necesidades. •