Washington y Nueva York., El momento culminante para la agrupación semisecreta de empresarios y activistas ultraconservadores que encabeza la estrategia de conquistar la Suprema Corte fue en 2016, cuando el entonces candidato presidencial Donald Trump les pidió una lista de posibles candidatos al máximo tribunal aceptables para el ala conservadora y se comprometió públicamente a nombrar sólo a togados de ese listado.

Durante los siguientes cuatro años, Trump nombró a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, todos respaldados por la red conservadora encabezada por la Federalist Society.

Hoy día, esos tres junto con los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito lograron la mayoría de cinco contra cuatro que anuló el fallo del caso Roe vs Wade, el cual garantizó durante medio siglo el derecho al aborto, y que había sido considerada una de las grandes conquistas del movimiento de los derechos de las mujeres.

Superioridad numérica

En muchas ocasiones, la mayoría conservadora se amplía a seis contra tres, con el apoyo del juez jefe de la Suprema Corte, quien vota la mayoría de las veces con sus colegas instalados por republicanos, pero que llegó al máximo tribunal como un conservador tradicional que no se alinea por completo con la agenda ultraderechista.

Con esa superioridad numérica, laCorte ha promovido la agenda ultra en otros rubros también, incluyendo limitar la capacidad de agencias de protección ambiental de regular contaminación de plantas, o apoyando el derecho de discriminar a personas gay por supuestas razones religiosas. Pero el giro a la derecha y la decisión de impulsar una agenda política conservadora de la Suprema Corte ha estado en proceso desde hace más de una década: en 2010 emitió fallos que permiten a las empresas hacer contribuciones financieras a candidatos políticos (determinado que es un ejercicio de libertad de expresión), y, en 2013, un acuerdo que esencialmente dejó hueca una sección de la histórica Ley de Derecho al Voto impulsada en los años 70, mientras en 2018, una sentencia minó explícitamente a sindicatos del sector público, entre otros.

“Después de un esfuerzo “multidécadas“ financiado por intereses especiales para rehacer la rama judicial federal, la derecha fanática… ha capturado la Suprema Corte y logrado políticas peligrosas y regresivas, las cuales jamás habrían prosperado en las urnas”, declaró el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta.

Conservadores como el senador por Kentucky, Mitch McConnell, sostienen que hay un complot derechista, y señalan que la corte ha emitido algunos fallos que mantienen protecciones al derecho al voto y que en otros casos, que han sido criticados por liberales, el voto ha sido ocho a uno (casi unánime), pero en las causas más decisivas y claves para la derecha, la mayoría conservadora de la Suprema Corte se impone y cumple su misión.

Por su parte, Leonard Leo, quien encabezó los esfuerzos de la Federalist Society para cambiar el Poder Judicial, ha ampliado sus ambiciones, y ahora dirige una red de grupos conservadores que buscan una transformación más amplia. La idea detrás de la red y la iniciativa que construimos es revertir el dominio liberal en muchos sectores importantes de la vida estadunidense, comentó Leo al The New York Times.

“Tuve un par de décadas o más de experiencia revirtiendo el control liberal en la cultura de la ley, y pensé: ‘es hora de tomar las lecciones aprendidas y ver si había manera para revertir ese avance en otras áreas de la vida cultural, de acciones de gobierno y en la política estadunidense’”. El Times reportó que la plataforma que encabeza Leo cuenta con 2 mil millones de dólares para influir, tanto en la Suprema Corte como también en tribunales inferiores.

Intento por equilibrar la balanza

Los liberales no se han quedado quietos y, en mayo, tres senadores y cuatro diputados federales demócratas impulsaron un proyecto de ley que busca añadir a la Suprema Corte cuatro puestos más. A la vez, una coalición de sindicatos, organizaciones ambientalistas, grupos contra la violencia de armas de fuego, de defensa de derechos inmigrantes y varias iglesias, que se nombraron Unidos por la Democracia, están presionando al Congreso para tomar acciones a fin de frenar a esta Suprema Corte extremista.

Por ahora, la mayor amenaza al ala derechista de la corte son revelaciones sobre posible corrupción, incluyendo contribuciones financieras secretas y favores ofrecidos a los jueces conservadores por multimillonarios, y otros que tienen casos ante la Corte. Una investigación de ProPublica encontró que el juez supremo ultraconservador Clarence Thomas aceptó el equivalente a cientos de miles de dólares en viajes de parte de un empresario texano, quien tiene intereses directos en casos ante la Suprema Corte. Thomas nunca divulgó al público estas contribuciones como es debido.

Más aún, la esposa del juez Thomas, activista derechista que abiertamente apoyó el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, también recibió cientos de miles de dólares en contribuciones, “Leonard Leo orquestó pagos secretos a la esposa de un juez activo de la Suprema Corte, Ginny Thomas, mientras esa agrupación empezó a someter declaraciones de ‘amigo de la corte’ en algunos de los temas legales más claves de nuestros tiempos”, explicó Lisa Graves, ex subprocuradora general de la nación durante la presidencia de Bill Clinton, en un podcast llamado Making the Case.

ProPublica informa que otro togado conservador, Samuel Alito, aceptó un viaje de vacaciones a Alaska en jet privado valuado en más de 100 mil dólares en 2008 pagado por un especulador financiero multimillonario, quien repetidamente ha solicitado a la Suprema Corte un fallo favorable en un caso. A la vez, los letrados liberales también han aceptado algunos viajes pagados, pero casi todos para acudir a universidades y otros foros de servicio público.

Con sus propias reglas

En el sistema estadunidense, los jueces en tribunales federales inferiores tienen el requerimiento de divulgar las contribuciones financieras que reciban, y hay una serie de penas si esta norma es violada, pero eso no aplica a la Suprema Corte, donde los nueve integrantes hacen sus propias reglas. El juez jefe Roberts prometió recientemente que su institución mejorará los requisitos de transparencia después de la serie de reportajes presentados por ProPublica y otros medios. Pero expertos señalan que, sin una acción formal del Senado para imponer normas y procesos para su cumplimiento, no se vislumbran reformas trascendentales en ese sentido.

Aunque sí existe un proceso para remover a un juez de la Suprema Corte –eso implica un impeachment de la Cámara baja (hoy día controlada por los republicanos) y un juicio en el Senado–, por ahora no se esperan grandes cambios en torno a la opaca transparencia y cada vez menos imparcialidad dentro del supuesto guardián del orden constitucional de Estados Unidos.