En la cumbre sobre migración que se realizará el día 22 en Palenque, Chiapas, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la agenda no sólo debe centrarse en acciones para evitar que las personas se vean obligadas a dejar sus países de origen, sino particularmente sobre los trabajos que se realizan para recibirlas y garantizarles seguridad y el derecho a solicitar refugio, coincidieron organizaciones civiles.

Sandra Álvarez, directora general de Sin Fronteras IAP, expuso que en México lo que se vive actualmente es una crisis de acogida, no hay albergues ni los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación migratoria.

En entrevista, señaló que la cumbre a la que se convocará a los presidentes de Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Belice, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Venezuela es una buena iniciativa, en el entendido de que es necesario saber las responsabilidad que se tienen desde los países de origen, tránsito y de destino.

Enfatizó que hay temor en las organizaciones, porque en situaciones anteriores, cuando han ocurrido estas reuniones, son muy cerradas, los temas no son claros y no hay propuestas sólidas en beneficio de las personas.

Álvarez se pronunció por que en el encuentro se planteen garantías de mejores condiciones de vida, empleo y seguridad en las naciones de origen, así como otras acciones para prevenir la movilidad humana.

Debe haber justicia y reparación por masacres

Jerónimo del Río, investigador de Fundación para la Justicia, indicó que el encuentro debe servir no sólo para promover la cooperación entre países, con el fin de hacer frente a las causas de la migración, sino también para acordar medidas que atiendan los casos donde los indocumentados han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las masacres que se han perpetrado en México, para que tengan justicia, verdad y reparación.

Recordó que acuerdos anteriores han evidenciado cómo pueden tener gran impacto, con consecuencias negativas para los migrantes. Refirió particularmente la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, firmada en junio de 2019, la cual posibilitó y promovió la movilización de las fuerzas armadas en la frontera norte.