Santiago. Al tiempo que el Consejo Constitucional chileno, dominado por la ultraderecha, terminó la redacción de un proyecto de Constitución considerado por analistas valóricamente retrogrado y en lo institucional tan neoliberal como la vigente, sectores de la centroizquierda y disidentes de la derecha extremaban un intento de última hora para introducir modificaciones que, a su juicio, podrían salvar el proceso constitucional de un segundo y definitivo fracaso.

El sábado, el Consejo entregó formalmente el texto de 219 artículos y 57 normas transitorias, a una comisión experta revisora que dispone de cinco días hábiles para formular observaciones, cambios y/o supresiones, antes de que el próximo lunes 16 esa propuesta regrese al Consejo donde se votarán las eventuales modificaciones sugeridas.

En abril/mayo pasados, esa comisión de 24 miembros, 12 oficialistas y 12 opositores derechistas concordaron un anteproyecto que fue enviado al Consejo y sobre el cual éste realizó modificaciones sustantivas que, a juicio de la izquierda, más bien ratifican y agravan in extremis el régimen plasmado en la Constitución de 1980, la del dictador Augusto Pinochet, consagratoria del neoliberalismo.

En el Consejo de 50 integrantes, los ultristas republicanos cuentan 22 delegados –tenían 23 pero uno debió renunciar tras conocerse acusaciones de abuso sexual–, la derecha tradicional dispone de 11 que sistemáticamente se plegaron a los ultraderechistas para aprobar 95 por ciento de sus enmiendas al anteproyecto de los expertos; mientras los 16 representantes de la centroizquierda vieron todas sus propuestas rechazadas.

La emergencia para la clase política emana de que, según encuestas, lo hecho por el Consejo tiene el respaldo del 16 por ciento de los electores para ratificarlo el domingo 17 de diciembre, cuando irá a referendo, mientras el en contra está en torno a 60 por ciento.

De ocurrir aquello, la Constitución pinochetista seguirá vigente y hay cero certeza de que un tercer camino constitucional pueda despejarse.

El texto debe regresar al Consejo el lunes 16, de modo que los días restantes son claves para conseguir o no introducir modificaciones que lo moderen en algo, agregando criterios de la centroizquierda.

Antes que ese plazo se consuma, la centroizquierda y sectores liberales derechistas buscan alcanzar consensos al interior del grupo experto, para concretar variantes en aquello que los ultraconservadores, con el apoyo de la derecha tradicional –votó con aquellos más de 95 por ciento del articulado–, modificaron el anteproyecto para extremarlo.

Lo que viene por delante es una confusión de proporciones:

Si efectivamente los expertos consensúan ajustes, éstos deberán ser ratificados por un mínimo de 30 de los 50 consejeros y, para rechazarlos, por 33.

Las propuestas que no sean aprobadas o rechazadas, serán tratadas por una comisión mixta –seis miembros del Consejo y otros seis de la Comisión Experta– que propondrá alternativas apoyadas por cuatro de sus miembros.

Si ese grupo mixto no concuerda en cinco días, los expertos dispondrán de tres y con el apoyo de 14 de sus 24 integrantes para proponer una alternativa al Consejo Constitucional.

Finalmente, se deberá aprobar la totalidad del texto por un mínimo de 30 de sus 50 integrantes.

A todo esto, la izquierda del gobernante Frente Amplio, también presente en el Consejo Constitucional, ya anticipa su rechazo a cualquier texto que emane de éste.