Chihuahua, Chih., José Alfredo J, guardia de seguridad de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, lesiones agravadas y amenazas contra el periodista Dinazar Echavarría Ramírez, del portal digital El Tren del Noroeste, a quien golpeó con una tabla en septiembre de 2022, afuera de la presidencia municipal, cuando acudió a una sesión de cabildo.

En esa reunión, el comunicador pidió a los regidores garantías para realizar su labor, pues el guardaespaldas de la edil, quien llegó al cargo por Morena, pero renunció y actualmente es independiente, le prohibió entrar al primer Informe de gobierno, porque criticaba mucho a la munícipe. Al salir de la alcaldía, Echavarría fue agredido por José Alfredo J. quien le dio varios tablazos en el abdomen.

El reportero ejerció como director de comunicación de Cynthia Ceballos, pero fue despedido meses después de iniciar la administración municipal por diferencias con la secretaria del ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra.

El custodio es el segundo empleado municipal que enfrenta cargos por abuso de autoridad.

En julio pasado arrestaron a la subdirectora de Seguridad Pública, Clara Rossana Apodaca Vázquez, por violencia familiar, amenazas y secuestro agravado en grado de tentativa.

Coartó su derecho a la libertad de expresión

Respecto a las agresiones a Dinazar Echavarría, la Fiscalía General de la República informó que el juez de control competente en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó que existen elementos suficientes para probar que José Alfredo J. amenazó al periodista para que no continuara con su labor, le impidió el acceso a un evento público y después lo agredió física y verbalmente, por lo que le causó lesiones corporales con la finalidad de impedir su derecho a la libertad de expresión.

Además, el juzgador otorgó las medidas de protección a la víctima y testigos, solicitadas por el Ministerio Público y determinó un plazo de tres meses de investigación complementaria.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión determinó atraer el caso, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, privilegiando la investigación de delitos cometidos por autoridades de cualquier nivel de gobierno en contra de la prensa.