En la década reciente, 3 millones de derechohabientes han retirado sus recursos de la subcuenta de vivienda equivalentes a un monto total de 208 mil 550 millones de pesos, para mejorar con ello su haber de retiro, señaló el director sectorial de los trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Mario Macías Robles.

Durante el Tercer Congreso Nacional de las Comisiones Consultivas Regionales, el funcionario puntualizó que se trata de jubilados que no solicitaron un crédito en el instituto o bien terminaron de pagarlo antes de concluir su vida laboral y por ello tienen saldo a favor en la referida subcuenta.

Subrayó que sólo es posible retirar este ahorro reunido durante sus años de empleados u obreros una vez que alcanzan la edad de jubilación, si fueron trabajadores formales que cotizaron en el IMSS y recibieron las debidas aportaciones de las empresas para las que laboraron (5 por ciento de su sueldo integrado) en beneficio de la subcuenta de vivienda.

En entrevista, Macías Robles indicó que el retiro de estos ahorros se aceleró con la reforma a la Ley del Infonavit en 2010, que posibilitó a los jubilados retirar su dinero sin la necesidad de recurrir a juicios laborales o de amparo, a fin de que no fuera oneroso el gasto de abogados.

Reconoció que en la actual administración del instituto se han impulsado nuevas políticas de crédito, las cuales han corregido distorsiones históricas en la determinación de los adeudos, muchos de cuales se habían vuelto impagables, así como la definición de un esquema más equitativo de tasas de interés, donde pagan menos quienes menos ganan.

El director sectorial mencionó que el fondo administrado por el Infonavit ha crecido en la presente administración 368 por ciento, para sumar casi 600 mil millones de pesos.

Casas en recuperación

Aunque, agregó, urge rencauzar al mercado de un millón 200 mil viviendas que están en distintas fases de recuperación; además de que se debe agilizar el rezago histórico de escrituración que alcanza las 85 mil viviendas, y se debe resolver, mediante la política de cobranza social aprobada por el Consejo de Administración, 800 mil cuentas que están en alguna de las fases de incumplimiento del contrato hipotecario y se puede gestionar una restructura. Además el instituto recordó que para prevenir fraudes, todo trámite se realiza en sus sedes oficiales.