Bogotá. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez seguirá siendo investigado por sobornar a testigos que aseguran tener pruebas de sus vínculos con grupos paramilitares, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negó esta tarde una solicitud para que se archivara el proceso judicial en curso.

Uribe, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 2002 y 2008, había anticipado el jueves la decisión del tribunal, asegurando que recibía esta noticia con enorme preocupación.

Analistas judiciales locales opinaron que el ex presidente tiene razones de sobra para estar preocupado, pues la decisión del Tribunal de Bogotá despeja el camino procesal que podría terminar en un juicio y en una condena de hasta seis años de prisión para el acusado.

La trama de este caso judicial gira alrededor de la figura de Juan Guillermo Monsalve, ex empleado de una de las muchas haciendas del ex presidente Uribe, quien luego de ser capturado por pertenecer a grupos paramilitares, relató a compañeros de prisión que sus patrones, los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, financiaban a las autodefensas, término eufemístico con el que se denominaba a los escuadrones de la muerte que masacraban campesinos.

Estas revelaciones llegaron a oídos de políticos y defensores de derechos humanos, entre ellos el senador Iván Cepeda, quienes abordaron a Monsalve para que ampliara su relato ante instancias judiciales, lo cual sucedió en medio de una atmósfera de intimidaciones y –sobre todo– de campañas para deslegitimar al testigo por su pasado delincuencial y por un supuesto interés en obtener beneficios económicos.

Mientras el proceso avanzaba, entró en escena la artillería pesada del equipo jurídico de Uribe, varios de cuyos abogados contactaron por diferentes vías a Monsalve para ofrecerle beneficios a cambio de que se retractara de lo dicho y –de paso– denunciara a Cepeda por presionarlo indebidamente.

Consciente de que enfrentaba a gente muy poderosa, Monsalve se encargó de que quedaran evidencias sobre los intentos del equipo jurídico del ex presidente para chantajearlo a cambio de su retractación.

Con abundantes elementos probatorios en sus manos, la justicia ordinaria consideró que había motivos para encausar al ex presidente por intentar sobornar a Monsalve, lo cual obligó al entonces senador Uribe a renunciar a su fuero parlamentario, impidiendo así que la Corte Suprema de Justicia, juez de los legisladores, tomara su caso.

Fue así como el expediente se trasladó a un territorio amigo, la Fiscalía General, presidida por un fervoroso uribista, Francisco Barbosa, quien asignó el caso a uno de sus más cuestionados alfiles, Gabriel Jaimes.

En mayo pasado, Jaimes solicitó a un juez que archivara la investigación, alegando que las pruebas y testimonios no eran suficientes para llamar a juicio al ex presidente. El togado desestimó la solicitud y la fiscalía apeló su decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde hoy se dio vía libre a que continúe la investigación penal contra Uribe.

“La Fiscalía y su ‘cliente’ Álvaro Uribe ya suman tres derrotas consecutivas en su empeño por cerrar el caso de soborno a testigos, lo cual habla muy bien de la independencia de la rama judicial de nuestro país”, dijo a La Jornada el penalista Milton Agudelo.

El jurista llamó la atención sobre el delito que podría llevar a la cárcel por primera vez a un ex presidente de Colombia: Uribe ha sido acusado de patrocinar grupos paramilitares, de ordenar masacres y asesinatos, de favorecer a los capos del narcotráfico, de ocultar ejecuciones extrajudiciales y hasta de violar a una de sus subalternas cuando ejercía como presidente, y sin embargo le va a pasar lo mismo que a Al Capone, condenado en Estados Unidos por evasión de impuestos, opinó Agudelo.

Al concluir la audiencia de más de seis horas, el senador Iván Cepeda dijo que tras 11 años de investigación la Fiscalía ha propiciado un escenario de impunidad a favor del imputado y aseguró que hay suficientes pruebas y sólidos argumentos jurídicos que demuestran la culpabilidad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez frente a los delitos que se le imputan.

Según el senador Cepeda, a quien Uribe ha señalado de manera reiterada de encabezar un complot en su contra, el Tribunal Superior de Bogotá confirma que es posible inferir la responsabilidad del ex presidente en los hechos y delitos por los cuales se le investiga.