Bogotá. Las madres de Soacha, municipio vecino de esta capital, nunca bajaron sus brazos para demandar verdad y justicia por el asesinato de sus hijos perpetrado por miembros del ejército nacional a comienzos de siglo.

La tarde de ayer, casi 20 años después de que los jóvenes fueran desaparecidos, luego asesinados y presentados a los medios como insurgentes ultimados en combate, las madres y otros familiares recibieron las excusas del Estado colombiano en un solemne acto en la Plaza de Bolívar.

El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció la responsabilidad de integrantes de las fuerzas militares en esta práctica, basada en la entrega de recompensas a las unidades del ejército que mostraran éxitos en la lucha contrainsurgente, y dijo que estos crímenes nos avergüenzan ante el mundo.

El acto de excusas públicas reivindicó la inocencia de 19 jóvenes del municipio de Soacha que fueron reclutados por personas que les ofrecían importantes sumas de dinero para, supuestamente, vincularse a actividades agrícolas. Una vez en su poder, los muchachos eran trasladados a lejanas regiones del país y entregados a oficiales y soldados que los asesinaban a sangre fría para luego vestirlos con uniformes camuflados y presentarlos como irregulares caídos en combate.

La sucesión de desapariciones en el municipio, entre 2004 y 2006, movilizó a los familiares, encabezados por las madres, quienes recorrieron centenares de kilómetros hasta hallar los cuerpos de sus seres queridos.

Ante las evidencias de lo que ocurría, las autoridades militares, así como funcionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe, negaron de manera sistemática la ocurrencia de lo que se llamó mediáticamente falsos positivos, atribuyendo las denuncias de las madres a una campaña de la subversión para desacreditar al gobierno.

Frente a las acongojadas madres que clamaban verdad y justicia, el entonces presidente Uribe desestimó los asesinatos y acuñó una desafortunada frase para referirse a los jóvenes que eran presentados como guerrilleros abatidos. Seguramente esos muchachos no estaban recogiendo café, dijo.

Más de 2 mil 400 víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008 –justo los años que gobernó Uribe–- hicieron que la justicia transicional creada por los acuerdos de paz de 2016, así como la Comisión de la Verdad derivada del mismo pacto, concluyeran que se trató de una política de Estado destinada a hacer creer a la opinión nacional que se estaba ganando la guerra.

Testimonios de soldados y oficiales de bajo rango revelaron que los altos mandos presionaban a los batallones con resultados y exigían ríos de sangre, carro tanques de sangre, al mejor estilo de lo ocurrido en Vietnam, donde los estadunidenses impusieron el concepto de conteo de cuerpos para establecer si se estaba ganando o no la guerra.

El acto de excusas públicas a las madres de Soacha ocurrió apenas un par de días después de que se conocieran las primeras imágenes de los hornos crematorios utilizados por los paramilitares, apoyados por la fuerza pública, para incinerar los cuerpos de centenares de campesinos señalados de ser colaboradores de la guerrilla en la región del Catatumbo, en la zona nororiente del país.

Ante el cúmulo de evidencias sobre las atrocidades cometidas en nombre de la lucha contrainsurgente, el ministro Velázquez contestó ayer a quienes, desde los partidos de derecha, piden pasar la página: “sí –declaró–, la vamos a pasar, pero cuando la hayamos leído toda, cuando sepamos qué fue lo que pasó”.