os gobiernos, cuando cambian efectivamente de una persona a otra y de un equipo a otro, heredan siempre. Heredan la situación vigente, compleja porque arrastra una configuración material, social, legal, política e ideológica y, también, una historia y un relato; en nuestro caso el relato ha sido uno de los elementos claves de la gestión de este gobierno.

El gobierno del presidente López Obrador heredará un denso entramado de cuestiones que se centran en su personalidad, su forma de liderazgo, el modo en el que ha ejercido el poder; en las diversas acciones que ha impulsado y los resultados que éstas tengan finalmente. También heredará aquellos asuntos que ha dejado de atender de modo efectivo y suficiente y que no son pocos. El balance que se haga de su gestión al final de su mandato no será el punto final; se irá ponderando y reconfigurando con el tiempo, eso es irremediable.

Quienquiera que lo suceda heredará; pero la herencia será de mayor calado en el caso de Claudia Sheinbaum. La cuestión que enfrenta hoy esta sociedad es qué hará con el legado si se convierte en la próxima presidenta. Por más que se afirme en la continuidad, a la postre tendrá que definir de una u otra manera su propia personalidad, su modo de gobernar y el contenido y forma concretos de su gestión. Hasta ahora ha operado en su carrera política a la sombra del Presidente, bajo su protección. La herencia que recibirá es, pues, de mucho peso.

De inicio, ha sido designada como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y se ha comprometido a la continuidad en la dirección que ha marcado el gobierno actual. Habrá que ver cómo se configura dicha continuidad y qué alcances puede tener.

En esta nota apunto a una cuestión cada vez más ostensible de la herencia para el próximo gobierno, insoslayable, y que es la inseguridad pública.

Decir que hay un repunte de violencia en el país es atenuar en demasía lo que está ocurriendo. Presentada así la situación se tiende nada menos que a normalizarla, con lo que su significado social se desgasta poco a poco; como hacen las termitas incansablemente con la madera.

Que había violencia antes de este gobierno es evidente, la cuestión es cómo se ha ido modificando, afianzado, profundizado y desplegado en los últimos años.

Sólo una brevísima anotación de casos recientes. Hace unos días fue en Zacatecas, en la comunidad de Malpaso, donde según se describieron los hechos, un comando secuestró a siete jóvenes de entre 18 y 14 años; fueron sacados de la casa donde se encontraban y sólo uno sobrevivió a la masacre. Las reseñas periodísticas dan cuenta de la barbarie.

Hace más de un mes fue en Lagos de Moreno, Jalisco, donde cuatro jóvenes de entre 19 y 22 años, desaparecieron también y fueron sometido a actos de violencia terroríficos (sí, los adjetivos calificativos se ajustan y justifican en estos sucesos).

En Comalapa, Chiapas, los enfrentamientos entre grupos criminales y ejidatarios se agravaron desde hace meses con una creciente violencia desplegada por miembros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La prensa reportó que hace pocos días alrededor de mil 500 agentes de la Guardia Nacional y del Ejército se desplazaron a los municipios de Frontera Comalapa y Motozintla en Chiapas; del otro lado de la frontera hizo lo mismo el ejercito de Guatemala.

Oficialmente se dijo que se trata de un caso focalizado. También se destacó que esa es una región del país donde se registran más beneficiarios de los programas de Bienestar. Esto debería provocar necesariamente una cierta reflexión. Otro aspecto que atrae la atención es el llamado que se hizo a la población a: “No ceder a invitaciones ( sic) a participar en actividades convocadas por grupos de la delincuencia organizada”, como si se tratara de un acontecimiento social al que se puede no ir.

La situación de los productores de aguacate y limón en los estados de Michoacán, Colima y Nayarit frente a las bandas criminales que imponen un pago, so pena de matar, destruir las cosechas y las propiedades es bien conocida y muy extendida. Se ha recrudecido ahora con un severo aumento del pago exigido. Pero los que se acaba discutiendo es el alza y no el hecho de que existe ese impuesto negro, sin la aplicación de la ley en esas zonas.

El asunto es que focalizados o no, los espacios de la violencia y el crimen se esparcen de modo distinto y creciente por todo el territorio país y de modo muy notorio en: Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y zonas de la Ciudad de México.

El Inegi informó (Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023) que en 2022 hubo 18 mil 28 reportes de desaparecidos; 12 mil 139 de personas no localizadas y 3 mil 311 casos no clasificados; un total de 33 mil 478 personas ausentes, 171 por ciento más que en 2021. El año pasado, según la misma fuente se reportaron 280 tomas de casetas de peaje, mil 299 obstrucciones en carreteras, un aumento de 12 por ciento en asaltos.

Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (segundo trimestre de 2023), 62 por ciento de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura fueron: Fresnillo (92.8 por ciento), Zacatecas (91.7 por ciento), Ciudad Obregón (90.3 por ciento), Ecatepec de Morelos (87.6 por ciento), Irapuato (87.3 por ciento) y Naucalpan de Juárez (87.2 por ciento).

Contener la inseguridad pública es una obligación primordial de quien aspire a gobernar ante el riesgo de su normalización social.