Las políticas disuasivas puestas en marcha en México y Centroamérica contra los migrantes y otros grupos en situación de movilidad han provocado que busquen rutas cada vez más peligrosas en su intento de llegar a Estados Unidos, lo cual los pone en un escenario cada vez más vulnerable, advierte el informe Norte de Centroamérica: movilidad humana y obligaciones de protección.

El documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que la crisis migratoria es un fenómeno que sólo podrá resolverse con acciones multilaterales, no con los esfuerzos aislados de un solo país.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, José Luis Caballero, nuevo relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la CIDH, señaló que de acuerdo con el mencionado estudio, el tránsito de población que ha tenido que dejar su tierra para escapar de la violencia, la pobreza y la desigualdad ha crecido en los últimos años en países como Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Dichas personas, muchas de las cuales vienen incluso de otros continentes, buscan rutas cada vez más peligrosas y poco transitadas, debido a las estrategias de disuasión puestas en marcha por varios países de la región –muchas de ellas basadas en cuerpos militares– para expulsar a los indocumentados y solicitantes de asilo o refugio, sin respetar el debido proceso.

Sin embargo, advirtió el experto, al ser devueltas a sus lugares de origen, las personas en situación de movilidad una y otra vez, con mirada esperanzada, pero también en calidad de víctimas, intentan nuevamente llegar a Estados Unidos y Canadá, en busca de mejores condiciones de vida o de reunificarse con familiares que viven en esas naciones.

Pese a la gravedad de este fenómeno, lamentó Caballero, no hay estudios suficientes que analicen la cantidad de personas en estas condiciones, cuántas de ellas han sido víctimas de un delito o cuántas requieren medidas especiales de protección.

Por su parte, Elisa Ortega Velázquez, investigadora del IIJ de la universidad, destacó que el informe de la CIDH también aborda el tema de los indocumentados que retornan a sus lugares de origen tras haber sido expulsados de los países por donde transitaron, así como la diversidad de poblaciones que viven esta situación, como las víctimas de trata y los niños no acompañados.

La experta coincidió en que la militarización de los fronteras pone en mayor vulnerabilidad a la población migrante; recordó que México pasó de 2 mil 500 solicitantes de asilo en 2015 a más de 100 mil en los últimos meses, lo cual significa uno de los más grandes retos para el gobierno nacional.