Rumbo a la elección del 2 de junio del año entrante, el Instituto Nacional Electoral (INE) propone la realización de tres debates entre las personas candidatas a la Presidencia de la República.

El plan de trabajo 2023-2024 de la Comisión Temporal de Debates –instalada este viernes– hace referencia a la organización de estos ejercicios, cuya conducción sería una moderación activa, pero sin involucrar la opinión de los comunicadores.

Su función no es exhibirlos ni confrontarse con ellos (candidatos), sino propiciar respuestas útiles a la ciudadanía, se indica en el documento aprobado.

Los tres debates realizados frente a la elección presidencial de 2018 costaron, en conjunto, 56.4 millones de pesos, por lo que consejeros y representantes partidistas pidieron que se haga un esfuerzo por reducir gastos e incluso que los debates se hagan en el INE, con personal y tecnología propios.

La representación de Morena recordó que la normativa marca dos debates obligatorios, y sugirió para todo el proceso de organización prevalezca el apego al marco legal.

El PAN dijo que deberían ser no tres, sino cuatro debates, al tiempo de respaldar la idea de medir los recursos humanos y materiales del INE, para lo cual sugirió que la Coordinación Nacional de Comunicación Social haga un informe.

Oficina acéfala

Sin embargo, esa coordinación no tiene todavía titular ni encargado de despacho, quien debería ser secretario técnico de los trabajos.

Ante ello, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión, debió designar para esa tarea al responsable de la administración de los tiempos de radio y televisión, adscrito a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

La consejera Dania Ravel destacó que en 2018 los debates alcanzaron niveles de audiencia sin precedente, y que en ese momento se innovó, incluso con interacción con los ciudadanos para hacer preguntas a los contendientes.

Otros miembros de la comisión temporal son los consejeros Martín Faz, Jorge Montaño y Claudia Zavala, todos ellos, junto con los representantes partidistas, deberán organizar los debates presidenciales, así como de las senadurías y diputaciones.

Esos ejercicios en los que la autoridad electoral ha participado se sustentan desde la reforma de 1994. Los debates son una representación simbólica de la deliberación que toda democracia necesita, se indica en el documento inicial.

Los organizadores deberán tener a finales de noviembre el formato y los criterios para elegir moderador.