uchas cosas que han sucedido recientemente trazan ya la ruta a seguir para la 4T de 2024 en adelante: la guerra que el Poder Judicial ha emprendido contra la rectitud, liberando criminales de cuello blanco, protegiendo al fiscal de Morelos que encubrió a un feminicida, descongelando cuentas del narcotraficante Genaro García Luna, impone una reforma de todo el aparato para quitarle el carácter de mercado de sobornos y palancas, y volverlo un sistema de justicia; la ferocidad con la que medios masivos de radio y televisión mienten sobre temas como los libros de texto gratuitos de la educación pública, la economía y hasta el golpe de Estado de Henry Kissinger y Augusto Pinochet contra Salvador Allende hace medio siglo, lo que sugiere que los representantes electos tomen alguna medida sobre un código de ética general para salvaguardar la información como un bien público; la impunidad de los distribuidores de medicinas y directivos de centros hospitalarios para desestabilizar la salud pública y poner en riesgo a los pacientes exige construir un órgano del Estado que tome ese derecho como seguridad nacional; y, sin ánimo de agotar las rutas, la salida de los apoyos sociales, remesas del extranjero y el dinero público en general del sistema bancario privado, con sus altas comisiones y posibilidad de cortar el flujo de los derechos constitucionales. En general, se trataría de poner nuevas reglas del juego a la parte del régimen que no sólo se ha negado a transformarse, sino que ha hecho de esa negativa un signo de autonomía.

Cuando Andrés Manuel López Obrador visitó más de tres veces todos los municipios del país, lo que hizo fue ir estableciendo un nuevo contrato en el que la lucha contra la corrupción fue entroncando demandas tan dispares como el derecho al agua o los añejos litigios agrarios; Ayotzinapa o el despojo a los yaquis; el aumento al salario o la autosuficiencia alimentaria. Se trató de un plan de gobierno que dejó de ser un listado de rezagos y agravios para convertirse en una ruta moral, con programas de contención, proyectos de infraestructura regional y una forma colectiva de la política del consenso. Un contrato con la mayoría despojada y excluida de la vida pública, los plebeyos.

Digo esto porque, como a muchos, me sorprendió la candidatura de Omar García Harfuch para la Ciudad de México, territorio desde donde emergió e irradió al resto del país lo que hoy conocemos como el obradorismo. Además de ser la ciudad que empezó el derecho a la pensión de los adultos mayores, las becas universales para estudiantes, el aborto y el matrimonio gay, ha sido también la ciudad de los movimientos sociales, desde el obrero y estudiantil hasta el urbano-popular. Como centro imaginario de la izquierda cultural, la Ciudad de México cuenta en este momento con un proyecto, desarrollado por Claudia Sheinbaum, de movilidad, recuperación hídrica, educación universal, entre otros.

Desde Iztapalapa, Clara Brugada, una alcaldesa que se religió con 57 por ciento de aprobación, encarna un proyecto que pacta con la mayoría a través de un sistema de cablebuses y trolebuses elevados para considerar la movilidad como una forma de bienestar y, por supuesto, sus 12 Utopías, centros de arte, deporte y naturaleza. A diferencia de la candidatura de un policía como García Harfuch que, en efecto, ha sido muy eficaz para disminuir los delitos de alto impacto en 58 por ciento en la Ciudad de México, el proyecto de Brugada es claramente de construcción de un significado desde la parte menos favorecida de las relaciones desiguales, de poder y económicas, pero también de desplazamiento, áreas verdes, acceso a la cultura y el deporte, y orgullo por pertenecer al oriente de la capital mexicana, históricamente olvidado. La elección de 2024, tanto la federal como las locales, serán de proyectos que logren entroncar demandas con una ruta clara. No sólo se está votando por las cuentas buenas del encargado público, sino por la capacidad de articular un sentido colectivo.

No es el caso de García Harfuch, cuyo trabajo de disminuir el delito poco tiene que ver con una idea que sí hay en la ex alcaldesa de Iztapalapa, la de un proyecto de resignificación de las mayorías olvidadas del oriente de la ciudad, pero también de los pueblos del sur y las zonas marginadas del norte.

La diferencia con Clara Brugada es que ella es una activista popular del oriente sobrepoblado. Otro candidato posible es el doctor Hugo López-Gatell, quien llevó el tema de la pandemia a la prohibición de las grasas trans en los productos ultraprocesados para reducir las enfermedades de nuestro neoliberalismo alimentario: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. López-Gatell logró en México, junto con el etiquetado frontal, lo que la Unión Europea todavía no empieza a discutir. En este sentido, García Harfuch es sólo un buen secretario de Seguridad, pero su trayectoria implica haber sido parte de la Policía Federal Preventiva en el monstruoso sexenio de Felipe Calderón. No creo que sea una cuestión insignificante la herencia familiar de García Harfuch, porque se dedicó al mismo oficio que su abuelo y su padre: el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en medio del cruento sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y Javier García Paniagua, director de la policía política en la Dirección Federal de Seguridad y subsecretario de Gobernación con Jesús Reyes Heroles, en los años de la guerra sucia contra la izquierda.

Y es que esta campaña electoral no será de marcas, sino de proyectos; no de quien es más risueña, sino de la capacidad de articular un nuevo pacto con la mayoría.