Mexicali, BC., Aún con su cuerpo frágil por la edad, este año una niña de 10 años se convirtió en madre en un hospital de San Quintín, en el sur de Baja California.

Otra menor de la misma edad hizo a un lado sus muñecas y sueños para dar a luz a un bebé en un nosocomio de la ciudad fronteriza de Tecate.

Mientras, una chiquilla de 12 años, originaria de Mexicali, víctima de violación por su pareja sentimental, de 17 años, mantiene un embarazo de cuatro meses.

Los embarazos de niñas se producen en una edad en la que no están preparados sus cuerpos ni sus mentes, pues se encuentran entre la pubertad y el inicio de su fertilidad; además, afectan su salud, su permanencia escolar y desarrollo.

Pese a las condiciones de la gestación, en Baja California las autoridades estatales y municipales fueron omisas en los dos primeros casos para plantear y proceder a la interrupción legal del embarazo, un derecho humano garantizado en México y el estado.

El último incidente ocurrió en Mexicali, ante la inacción de las autoridades sanitarias.

El gobierno de México se propuso eliminar los embarazos de niñas y reducir al menos a la mitad los casos entre preadolescentes y adolescentes de 11 a 14 años.

La responsabilidad de los gobiernos es la detección temprana y la atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ya que el embarazo infantil es un tipo de violencia y se considera que las víctimas deben tener acceso al aborto legal.

Para la diputada morenista Michel Sánchez Allende, se debe cuestionar la omisión de informar a la Fiscalía General del Estado (FGE), porque regularmente la preñez en menores de edad es producto de violación.

En ninguno de los tres casos se presentó denuncia alguna por parte de los padres y las autoridades de salud omitieron dar vista a la FGE, pese a su obligación de documentar el ilícito porque un embarazo en esas edades generalmente es producto del abuso, violación o explotación sexual y ocurre en entornos de pobreza, desplazamiento o conflictos sociales.

Vivaldina Jaubert, directora de ALAS, una asociación especializada en el combate al abuso sexual infantil, advirtió que disminuyeron los embarazos entre jóvenes de 15 y 19 años, pero en las 32 entidades del país aumentaron los de niñas de 10 a 14 años.

Destacó el terrorífico incremento de denuncias por agresiones sexuales contra menores de cinco años; sólo de 2010 a 2016 crecieron 310 por ciento.

Hay falta de contención por parte de los adultos en estos temas y no existe un interés real sobre el problema de la violencia sexual en la niñez, y debe haber una responsabilidad ciudadana e institucional, sostuvo Jaubert sobre las obligaciones que corresponden a escuelas, el sistema de salud y familias.

La abogada Elvira Luna aseguró que los embarazos precoces y los partos de menores de edad son una realidad en Baja California.

Confían en que nueva fiscal aplique protocolos

Consideró que ahora que recién nombraron a la fiscal María Elena Andrade, quien asumió el compromiso de atender todo tipo de violencia contra las mujeres y de género, puede ser un buen momento y una oportunidad para convertirse en pionera en actualizar y aplicar los protocolos y acercarse a las instancias médicas para tener conocimiento inmediato de estos casos de embarazos precoces y partos de mujeres menores de edad.

Dijo que es imprescindible verificar qué pasó con esos abortos de niñas en instituciones de salud y con esas pacientes posintervención, saber si se trató de un embarazo aislado o han tenido embarazos anteriores.

Agregó que son una realidad los casos de abuso, violencia y violación sexual, los cuales se dan en mayor medida en el entorno familiar y desafortunadamente el padre sigue siendo quien lidera estos casos de agresión a sus propias hijas, seguido de familiares cercanos.

Entonces si la adolescente tiene problemas y es víctima en el entorno familiar, vale la pena que la autoridad se apersone para verificar si fue en ese núcleo donde se originó el abuso y tiene como consecuencia ese embarazo no deseado, no consentido, a través de una práctica de abuso sexual, expresó Elvira Luna.

De enero a junio de 2023, en Baja California se registraron 37 partos de niñas menores de 15 años y se reportaron 11 interrupciones legales de embarazo.

Tijuana es el municipio que reporta el mayor número de casos en los que menores de 15 años fueron madres al registrarse 18 nacimientos en ese periodo, seguido de Mexicali con 11, San Quintín con cuatro, y dos en Ensenada y Tecate, respectivamente.

En cuanto a interrupciones legales del embarazo, se practicaron seis en instituciones de salud de Mexicali, tres en Ensenada y dos en Tijuana.