A tres años de tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ubicado en avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco, en demanda de vivienda y atención de salud, no hemos avanzado en su atención porque se ha criminalizado la protesta y hasta existen denuncias penales, señaló Diego García.

En una reunión informativa, denunció que hay un desprecio y una discriminación hacia la comunidad otomí, a la que en el discurso se le promete atenderla y en los hechos no pasa nada, como sucede con el actual jefe de Gobierno, Martí Batres.

Como secretario de Gobierno se comprometió a atender nuestra demanda de vivienda, para lo cual se expropió el inmueble de Zacatecas 74, colonia Roma, pero han pasado meses y no hay obras por la cerrazón y frenar cualquier iniciativa que presentemos, indicó.

El 13 de agosto de 2021, el entonces secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, firmó un acuerdo para la expropiación del predio de Roma 18, colonia Juárez, para que también se edificara vivienda digna para nuestra gente y no se ha concretado.

Comentó que lo que tenemos enfrente son denuncias penales por la toma del INPI, hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, y hostigamiento, que vivimos con continuos cortes de agua y energía eléctrica.

La lucha, que se inició el 12 de octubre de 2020, sin embargo, continúa en busca de que la comunidad cuente con vivienda y servicios de salud, donde la respuesta de la autoridad fue darnos unas hojas con teléfonos para llamar cuando lo necesitemos, mencionó.

Hoy, resaltó, no hay nada para la comunidad otomí. Nos sentimos ofendidos porque a tres años de distancia no hemos tenido respuesta, pero la lucha va a seguir y la visibilizaremos para que la gente vea lo que estamos haciendo por nuestra gente. Anunció que el 12 de octubre celebrarán el tercer aniversario de la toma del INPI y marcharán del Ángel al Zócalo.