Chilpancingo, Gro., En al menos 18 autobuses, cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socia-listas de México (FECSM) iniciaron una jornada de volanteo en la caseta de cobro de la Autopista del Sol México a Acapulco, en demanda de la presentación de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace nueve años.

Los miembros de la FECSM denunciaron que el sábado, cerca delas 13 horas, en la gasolinera ubicada a la salida de Tixtla, fue de-tenido por policías municipales, don Mario González, papá de César Manuel González, quien fue llevado a un lugar donde lo golpearon y torturaron. Finalmente, alrededor de las 17 horas, lo liberaron.

Apenas el jueves pasado, los contingentes de la FECSM lanzaron petardos y estamparon un vehículo en una de las puertas de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.

En la caseta de cobro se permitió el paso libre y los manifestantes repartieron volantes a los automovilistas, en los que se informa que al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43, los padres de familia han resistido todo tipo de obstáculos en la búsqueda de sus hijos.

Acusaron que el problema principal que frena la investigación y detiene todo el proceso es la indisposición del gobierno y sus instituciones para avanzar con el caso y dar a conocer la verdad.

En los volantes denuncian el espionaje que les han hecho a los padres de familia y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a través del virus informático Pegasus; asimismo, la protección de la que han gozado participantes en la desaparición, como el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, absuelto del delito de desaparición forzada.

Mencionan también el caso de Tomás Zerón De Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quien está escondido en Israel, y el de Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería el día de la desaparición, beneficiado con la prisión domiciliaria en lo que se dictamina su culpabilidad en el delito de narcotráfico, sin ser juzgado por desaparición forzada.

Además, incluyen la negación de la existencia del Comando Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que sirvió como me-dio de intervención a policías involucrados, estudiantes e incluso el crimen organizado. Por esto y más problemáticas, el GIEI se vio obligado a retirarse de la investigación del caso Ayotzinapa.