na paradoja que envuelve a la moderna historia política del dinero fue observada desde finales del siglo XVII y prevalece hasta ahora. Se expresa de distintas formas a lo largo del tiempo. Se trata de que el carácter del dinero como instrumento mercantil y financiero, así como su misma naturaleza política, se impone desde el Estado, pero al mismo tiempo se le escuda o resguarda contra la interferencia política directa del mismo Estado. Esto se manifiesta hoy, por ejemplo, en las funciones que cumplen los bancos centrales con su condición de independencia.

Donde se advierte de manera evidente el carácter político del dinero es en el presupuesto anual de los gobiernos y que se convierte en ley. Y no se trata solamente de la potestad del gobierno de cobrar impuestos en el dinero que emite el Estado, lo que ya constituye un poder considerable sobre la legitimidad del dinero oficial y su contenido político. El asunto más relevante al respecto es el vínculo que se establece de modo directo con el financiamiento del gasto público mediante la emisión de deuda.

El debate concierne al hecho de que la deuda pública implica la concepción de una imagen social que se extiende adelante en el tiempo. Se refiere conceptualmente a la decisión de gastar hoy en acciones con efectos futuros y en asuntos a los que se adscribe una necesidad pública derivada de una determinada visión política. Está en la naturaleza del presupuesto el debate social sobre sus propósitos, sus consecuencias y la forma de financiarlos. Se asocia con una serie de preferencias políticas en la asignación de recursos finitos para objetivos definidos.

Se atribuye, de tal manera, un determinado valor a una cuestión o una finalidad cuya realización se proyecta en el tiempo y compromete el uso del dinero y los recursos públicos (educación, salud, vivienda, agua, servicios sociales, obras públicas, medio ambiente, inversión, financiamiento, etcétera). Así, el crédito público establece la relación entre los ciudadanos y el gobierno y cuyo carácter es eminentemente problemático. Y todo esto se asienta en el régimen legal y político existente con sus determinadas características conceptuales y criterios de gestión administrativa.

La deuda pública es un medio por el que se vincula a las futuras generaciones con las opciones políticas del presente, de tal forma, es un asunto de índole transgeneracional. En ese sentido es que la deuda pública representa una controvertible cuestión de legitimidad, con alcances y consecuencias de largo plazo similares a los que se derivan de los cambios legales o, incluso, constitucionales. En regímenes políticos en los que periódicamente se renueva el gobierno, los efectos de la deuda pública, se heredan también, en escenarios con distintas condiciones de costos, incertidumbre, dinámica demográfica y con consecuencias asociadas con la legitimidad de la gestión pública.

El de 2024 es un presupuesto de endeudamiento. Se sostiene en la deuda pública después de haber mantenido durante cinco años una disciplina fiscal reafirmada permanente como eje de la gestión de los recursos. Esa fue una postura explícita del discurso oficial y se llega ahora al final del gobierno con una fuerte expansión del crédito público.

Entre las medidas de la deuda pública contenidas en el presupuesto para 2024 presentado por Hacienda, se estima que los requerimientos financieros del sector público equivaldrán al final de este año a 3.9 por ciento del PIB. Pero, para 2024 se propone elevarlos hasta 5.4 por ciento. En cuanto al déficit presupuestario (ingresos menos egresos), pasaría de 3.3 por ciento a 4.9 por ciento del PIB. El balance presupuestario primario (sin los costos financieros) que estima para este año en 0.1 por ciento del PIB (superávit) y pasaría un déficit de 1.2 por ciento.

Con esto se reduce el llamado espacio fiscal, es decir, que se estrecha el margen de maniobra para asignar recursos al gasto público sin que se comprometa la sustentabilidad financiera y la estabilidad macroeconómica.

Las finanzas públicas están determinadas por compromisos legales prestablecidos. Entre ellos destaca el pasivo de las pensiones que representa 38.1 por ciento del PIB estimado para el año entrante (IMSS 10.9 por ciento, Issste 19.6, CFE 2.1 por ciento, Pemex 4.6, otros 1 por ciento). Estas son las pensiones contributivas, las no contributivas, como la destinada para el bienestar de personas adultas mayores representará 1.4 por ciento del PIB en 2024.

La estrechez del espacio fiscal tiene que ver con las restricciones estructurales de las finanzas públicas y de ahí el impacto presupuestal hacia el futuro. La educación tiene un peso muy bajo en el aumento del gasto total. Se recompone el gasto en salud con una fuerte caída en el sector y el aumento en lo asignado al IMSS Bienestar, sobre el que se pretende construir un sistema dual de atención para la población asegurada y no asegurada. En este último segmento el gasto por persona es 44 por ciento menos respecto al que tiene cobertura. Hay menos fondos para asuntos relacionados con energía y medio ambiente. En este entorno, los ingresos públicos se quedan prácticamente al nivel de 2018, los más bajos desde 2019.

En cuanto a las obras públicas prioritarias de este sexenio hay cuestiones presupuestales de relevancia. Según Hacienda, dichos proyectos y los programas sociales son los que explican el presupuesto 2024. Se trataría así de un impacto de una sola vez para concluir los proyectos. No obstante, la terminación de las obras, de conseguirse, no cancela el gasto pues no generarán recursos suficientes durante muchos años y su mantenimiento será muy costoso. Otro asunto reconocido explícitamente es que el costo de los proyectos prioritarios está siendo mucho mayor al originalmente estimado (el doble y triple en algunos de ellos). Además, la deuda incurrida este año tendrá que seguirse pagando.