Ante expertos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno federal aseguró que antes de concluir esta administración se habrán destinado más de 3 mil millones de pesos para medidas de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el país.

En la última sesión de la comparecencia de México ante el citado comité en Ginebra, Suiza, autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo de la Judicatura Federal, aseguraron que nuestro país transitó de reconocer que existe este problema a la construcción de mecanismos de respuesta, un marco normativo claro y sólido y un andamiaje institucional con enfoques especializados.

La embajadora Francisca Méndez refrendó la apertura del Estado mexicano al escrutinio internacional. Afirmó que las recomendaciones que México ha recibido de los órganos de tratados han sido una herramienta valiosa para abordar de manera integral los desafíos que prevalecen en el país, y en específico la cercana colaboración que mantenemos con este comité, lo que ha contribuido a orientar nuestras acciones para hacer frente a este fenómeno.

El Estado mexicano, afirmó, mantiene su firme compromiso con el tema de desapariciones. Reconocemos que es un tema que aqueja a la sociedad mexicana, y estamos resueltos a implementar las medidas necesarias para fortalecer los esfuerzos nacionales para hacer frente a los retos que prevalecen en la materia.

Méndez aseguró que se seguirán fortaleciendo los esquemas de colaboración y los canales de comunicación entre los tres poderes y niveles de gobierno, a fin de conseguir que todas las políticas que implementamos sean efectivas para alcanzar nuestro objetivo común, que es garantizar la efectiva protección de los derechos de todas las personas y atender este reto de manera integral, así como garantizar justicia y el derecho a la verdad a las víctimas y familiares.

Si bien en la sesión el relator Horacio Ravenna reconoció, a título personal, que no fue hasta que el actual gobierno llegó al poder como se logró avanzar en la visita del CED de la ONU y en la comparecencia de autoridades del país para explicar qué avances hay en la materia, enfatizó que venimos de una historia que empezó mal.

Por ello, agradeció al gobierno federal que haya recibido a los integrantes del comité, pero advirtió que expresaremos un análisis crítico de las políticas públicas que creemos no son adecuadas y celebraremos las que sí, porque la búsqueda de la verdad tiene que pasar sobre un trabajo muy respetuoso de las víctimas y evitar su revictimización, tema que es muy sensible.

Funcionarios de la SG destacaron que en una década han sido asesinados cuatro beneficiarios de mecanismos de protección de derechos humanos y dos más se encuentran desaparecidos.

Agregó que actualmente se protege a 276 buscadores, 205 mujeres entre ellos, y destacó que 77 por ciento se concentran en nueve entidades: Guanajuato, Jalisco, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, estado de México, Baja California, Zacatecas y Guerrero.