n el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González, orador único del acto, refrendó la lealtad de las fuerzas armadas a la institucionalidad vigente –incluidos los derechos fundamentales–, señaló en dos ocasiones las tareas de los institutos castrenses en el ámbito del bienestar y recalcó la necesidad de la unidad nacional. Más allá de sus señalamientos debe reconocerse que en el último lustro las funciones y la percepción social de los militares se han modificado de manera significativa.

Para el proyecto gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han sido instrumentos fundamentales de gobierno, no sólo en el ámbito de la seguridad pública sino también, y principalmente, en el desarrollo de proyectos regionales de desarrollo y gestión de infraestructura estratégica, como puertos, aduanas y aeropuertos e incluso en las acciones de salud pública, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. Una de las consecuencias de esa política ha sido la intensificación de las relaciones entre las instituciones castrenses y las esferas del mundo civil: los tres niveles de gobierno y los sectores empresariales, laborales, campesinos, las organizaciones sociales y la población en general.

Algunos sectores de la opinión pública, ya sea por convicción o por mera conveniencia política, han visto en este curso de acontecimientos una pretendida militarización del país, en tanto que otros lo consideran más bien una socialización de lo militar. Lo que es claro es que se requiere una actualización de gran calado de concepciones obsoletas y de marcos legales y constitucionales que hoy resultan insuficientes para normar las funciones de las fuerzas armadas en el México contemporáneo.

Este proceso debe pasar, desde luego, por una reflexión al interior de los mismos institutos castrenses, en los cuales, a pesar de los avances experimentados en estos cinco años –uno de los más notables, el redireccionamiento de la disciplina militar para contener la violencia y no para escalarla, como ocurría hasta 2018–, siguen presentes inercias y desconfianzas hacia el ámbito civil y la imposibilidad de formular un discurso objetivo de su participación en tramos terribles de la historia reciente, como la participación de militares en la represión contra el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, la contrainsurgencia zedillista en Chiapas o la guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón.

Por otra parte, el país debe reconocer que sus fuerzas armadas constituyen una porción mucho más importante del quehacer nacional que el circunscrito a las tareas de seguridad nacional, interior y pública, la salvaguarda del territorio nacional y el auxilio a la población en situaciones de desastre. Desde mucho antes de la llegada de López Obrador a la Presidencia, el Ejército y la Marina desempeñan, por ejemplo, funciones nada desdeñables en la economía, en tanto que operadores de industrias, generadores de empleo y desarrolladores de tecnología; operan una parte importante de los servicios públicos de salud y gestionan instituciones y procesos educativos de gran escala que van desde el entrenamiento básico hasta la investigación y la docencia académica de nivel superior.

En lo inmediato, hay a la vista dos reformas constitucionales imprescindibles: la de ampliar las facultades del Ejecutivo federal para comisionar a las fuerzas armadas en tareas relacionadas con el desarrollo nacional y el bienestar de la población, y la de superar las ambivalencias legales sobre la Guardia Nacional, lo que implica reconocer que, por razones de funcionamiento, esa corporación no puede ser transferida en el corto ni en el mediano plazo al ámbito civil, so pena de provocar su colapso operativo y de echar por la borda los esfuerzos empeñados en su creación.

En suma, es necesario avanzar a una concepción de las fuerzas armadas que vaya más allá de las seguridades nacional, interior y pública y de protección civil y que las asuma como una parte integral del quehacer económico y social, preservando en todo momento su subordinación y su obediencia a la suprema autoridad civil.