Residentes de las colonias Hipódromo y Condesa solicitaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) aplicar el Código Penal ante la violación de los sellos de clausura de la obra colocados en el complejo Espacio Condesa, con la detención de quienes resulten responsables de continuar los trabajos de la edificación de una de las torres de más de 21 niveles y la segunda de al menos 16 pisos para uso habitacional, de oficinas, hotel y centro comercial.

La lideresa vecinal Quetzal Castro refrendó que trabajadores laboran a pesar de los sellos y del rechazo de los residentes a la construcción, que tiene más de 70 por ciento de avance.

Señaló que el gobierno capitalino y la alcaldía Cuauhtémoc no han dado respuesta a las peticiones de revisión de la obra que representa riesgo para los vecinos, porque las trabes y paredes de los sótanos presentan humedad, además tuvieron conocimiento de que en algunas partes hay presencia de lama y filtración de agua en las uniones entre las placas de concreto, las cuales representan falta de mantenimiento, por lo que podría ocasionar daños en la estructura por el desgaste o la debilidad de los materiales.

Exigieron que el director responsable de obra y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil revisen los trabajos y les informen del riesgo estructural que representa la construcción de la torre de 21 niveles, al señalar que mantienen el rechazo a las obras del complejo.

Insistieron en que los trabajos que se realizan en el predio de 10 mil 659.71 metros cuadrados, ubicado en Circuito Interior avenida José Vasconcelos 127, esquina con Benjamín Franklin, colonia Hipódromo Condesa, se localizan en una zona de alta sismicidad.

Además, pusieron en duda la calidad de la obra ante el deterioro que presenta la construcción en el sótano, por lo que exigieron que la Fiscalía intervenga ante la omisión de las autoridades.

Castro indicó que el quebrantamiento de los sellos es un delito que se castiga con pena de prisión y multa conforme a los artículos 286 y 286 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que es equivalente de 12 a siete años de prisión y de 100 a 500 días de la multa a la persona, empresa o cualquier otro particular que los quebrante. Debe haber detenciones y después puestos a disposición del Ministerio Público, pero no hemos visto el cumplimiento de la ley y los trabajos siguen.