Santiago. De forma inédita, 27 ex militares con rango de oficiales que cumplen condenas por delitos violatorios de los derechos humanos, ente 1973 y 1990, durante la dictadura de Augusto Pinochet, hicieron circular una carta admitiendo sus crímenes y cuestionando a sus superiores jerárquicos que, afirman, fueron quienes los ordenaron.

Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación, afirmaron.

Los criminales, quienes se definen como oficiales subalternos de antaño, dijeron haber esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, mismas que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados.

El eslabón más bajo

Aludiendo a sus subalternos, expresaron “congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando –nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles–, hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir órdenes”.

Los firmantes son parte de 134 agentes del Estado que cumplen condenas en el penal de Punta Peuco, 43 kilómetros al noroeste de Santiago.

Entre los firmantes están: Carlos Herrera Jiménez, ex oficial de ejército condenado a prisión perpetua y otras penas por crímenes diversos; Iván Quiroz Ruiz, ex oficial de Carabineros sentenciado a dos penas de 10 años y un día y a otra de siete años; Daniel Guimpert Corvalán, ex oficial de la Armada condenado a 20 años por asociación ilícita y secuestro calificado; Hernán Ramírez Hald, ex general de Ejército, condenado a 10 años; Manuel Carevic Cubillos: ex oficial de Ejército, condenado a 10 años y un día por secuestro, y Arturo Silva Valdés, ex oficial de Ejército, escolta de Augusto Pinochet y jefe de seguridad de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.