Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rompió el diálogo ayer con el gobierno saliente de Alejandro Giammattei, al anunciar que suspendió el proceso de transición, luego de la última arremetida de la fiscalía con el allanamiento, por la mañana, a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la revisión de 160 cajas con votos de la primera vuelta de los comicios generales del pasado 25 de junio.

Arévalo exigió la renuncia inmediata de la fiscal general, Consuelo Porras; el fiscal especial, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana por violentar el proceso electoral, al reiterar que desviaron su función constitucional de investigar y “han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral.

Sólo su salida permitirá garantizar el orden constitucional, advirtió el futuro gobernante en conferencia de prensa.

Añadió que pedirá que se levanten los fueros a la fiscal general y al juez Orellana, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Aseguró que retomará la transición presidencial con Giamma-ttei, programada para el 14 de enero, en cuanto se restablezcan las condiciones políticas necesarias y aseguró que su decisión obedece a la situación provocada por el Ministerio Público, lo que fue comunicado a la presidencia. Aclaró que las únicas autoridades competentes para verificar el resguardo del material electoral son el TSE y las juntas electorales.

Ante la decisión de Arévalo, la presidencia aseveró: esta es una medida que respetamos, pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al organismo ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha.

La FECI, encabezada por Curruchiche, allanó nuevamente la sede del Registro de Ciudadanos del TSE y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), instalado en el capitalino Parque de la Industria, para abrir 160 cajas electorales.

En el COPE los fiscales abrieron las cajas que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano, además de los nulos y los no usados, así como el padrón electoral. Sacaron los votos y uno a uno los cotejaron con actas electorales, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.

Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano sobre supuestas anomalías en una de las cajas donde archivaron las papeletas de votación, argumentó Curruchiche. El fiscal especial ha ordenado múltiples actuaciones contra el Movimiento Semilla, partido de Arévalo, pero aclaró que esta operación no está relacionada con esas diligencias.

El pleno del máximo tribunal electoral señaló en un comunicado que estaban profundamente preocupados, ante una inédita contravención a la ley electoral. Eso, recalcó, muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, precisó en conferencia de prensa que el oficio del allanamiento refiere al registro, inspección, secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales, pero “en ningún momento habla de la apertura de las cajas, mucho menos del conteo de votos o registro de los contenidos.

Informó que el tribunal analiza qué acciones legales emprenderán. No pensamos que se iba a llegar hasta ese punto; la conclusión es que es preciso emprender acciones, declaró.

De verdad, fue grotesco ver algunas fotografías donde se ve en una superficie las distintas bolsas que tienen color; identificamos que fueron las boletas que contienen los votos, manifestó.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea expresaron por separado su preocupación por el registro, al cual calificaron de injustificado, y condenaron por separado las acciones tomadas por el aparato judicial contra los comicios en el país.