Santiago. El gobierno chileno declaró como día de duelo nacional el próximo 11 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del golpe militar de 1973, de la muerte del presidente Salvador Allende y del inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, que perduró hasta 1990.

El decreto ejecutivo señala que es necesario honrar a quienes fallecieron ese 11 de septiembre y en fechas posteriores, como consecuencia de las mismas circunstancias. Se trata de una ocasión para la reflexión y unidad nacional, en lo que respecta al valor de la democracia y el compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional.

La bandera nacional será izada a media asta durante ese día en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las oficinas y reparticiones públicas, las unidades de las fuerzas armadas y policías.

El ambiente previo al aniversario se caldeó aún más cuando el presidente Gabriel Boric reveló antecedentes acerca de cómo la oposición derechista de Chile Vamos desechó opciones que se le ofrecieron para sumarse a la conmemoración de la fecha.

Quiero ser muy claro, les planteé a los presidentes de Chile Vamos, específicamente, que si les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda por los motivos que han dicho, podíamos tener un acto institucional el día anterior en el Congreso Nacional, solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron, sostuvo.

La derecha, que además de no participar en el acto se negó a suscribir una declaración propuesta por Boric condenando el golpe de Estado, ha dicho que desde el oficialismo se busca instalar una versión unilateral de los sucesos de 1973 y posteriores.

A ese respecto, Boric dijo que los hechos conocidos por todos, que se inscriben en la historia de nuestro país, han sido ratificados por los informes Rettig y Valech y aprobados por el Congreso Nacional; son indiscutibles.

Uno no puede estar rogando a partidos políticos democráticos para que se adhieran a un compromiso tan simple, que fue redactado justamente con la disposición y voluntad de que firmaran todos. Esto no se trata de una declaración más o una declaración menos, se trata de un compromiso hacia el futuro, agregó Boric.

Los citados son dos documentos oficiales, uno de 1991, preparado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuya misión era establecer los hechos de violación a los derechos humanos, individualizar a las víctimas, establecer su suerte y paradero, recomendar medidas de reparación legales y administrativas para impedir nuevos atropellos a los derechos humanos; el segundo data de 2004, a cargo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), que detalla la prisión política y tortura, los métodos utilizados y consecuencias en los afectados. Cuando fue emitido, fue declarado secreto por 50 años para proteger a las víctimas, pero ahora el gobierno impulsa un proyecto de ley para levantar ese secreto y facilitar las investigacio-nes judiciales.

En los informes se estableció que durante la dictadura hubo más de 40 mil víctimas directas, entre ejecutados, desaparecidos y torturados.