San Cristóbal De Las Casas, Chis., Miles de indígenas choles de la comunidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, marcharon pacíficamente este viernes para exigir la presencia de las fuerzas de seguridad federales, debido a que integrantes de organizaciones narcotraficantes pretenden cobrar derecho de piso.

Los manifestantes –7 mil, según las autoridades comunitarias– afirmaron que por tratarse de un punto fronterizo, el gobierno debe de poner mayor interés y reforzar la seguridad en la zona.

Hoy nos manifestamos para hacerle ver al gobierno federal y al mundo entero que somos comunidades y pueblos pacíficos. Queremos la paz; Frontera Corozal, como su nombre lo dice, es la puerta de la Selva Lacandona y de México, pero también debe de prevalecer la organización, expresaron.

Tenemos el mismo problema que la comunidad de Nueva Palestina, porque los grupos de narcotraficantes quieren entrar a cobrar derecho de piso a los habitantes y por eso estamos exigiendo que haya seguridad, afirmaron.

Señalaron que están a la par de Nueva Palestina, donde el jueves marcharon 4 mil habitantes para demandar también la presencia de las fuerzas federales y estatales.

Remarcaron: somos indígenas y estamos acostumbrados a vivir en paz, en tranquilidad y a trabajar de manera sosegada en lo que estamos acostumbrados, que es cultivar la tierra.

La marcha se inició en el arco de entrada a la localidad y después de caminar dos kilómetros concluyeron en la plaza central. Una manta con la leyenda: Sr. Presidente de la República. Exigimos seguridad a la zona lacandona, particularmente en Frontera Corozal (sic), encabezó la movilización.

Afirmaron que marcharon para cumplir el acuerdo que la asamblea de Frontera Corozal tomó el jueves porque la situación está cada día peor por la inseguridad.

Agregó que en los últimos tres años, el territorio de la Lacandona ha sido invadido por la delincuencia organizada, que de forma impune se ha ido apoderando cada vez más del control de su selva, abriendo pistas clandestinas para el trasiego de cocaína, controlando el tráfico de indocumentados y derecho de piso a pequeños comerciantes, así como cuotas a prestadores de servicios turísticos; realizando desalojos forzosos de cientos de familias, desapareciendo personas y cometiendo feminicidios.