Totalplay, empresa del Grupo Salinas, pretende que el gobierno acepte su red de fibra óptica como garantía de pago de una deuda fiscal por 859 millones 382 mil 529 de pesos de impuesto sobre la renta (ISR). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará esta semana un proyecto de sentencia en el que se propone negar esta opción debido a que dichos bienes no son de fácil realización o venta, como establece el Código Fiscal de la Federación.

El litigio empezó cuando la Administradora de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos 5 encontró que la empresa debía el ISR de 2012, adeudo que se expresa como un crédito fiscal.

“El 20 de octubre de 2016, a efecto de evitar la ejecución del crédito determinado a su cargo, la quejosa ofreció como garantía del interés fiscal el embargo en la vía administrativa de los bienes intangibles de su propiedad, la cual fue actualizada en diversas ocasiones, incluyendo fibra óptica, licencias y software”, señala al respecto el fallo del juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

En el expediente aparecen copias de los oficios de la autoridad fiscal en el que se explica que la deuda original era de 257 millones 896 mil 362 pesos, pero con las actualizaciones correspondientes a la inflación y la multa por no pagar a tiempo llegó a la cifra mencionada.

Para garantizar el pago de este adeudo, Totalplay ofreció dejar en embargo administrativo las licencias y software a su nombre, mismas que fueron consideradas por la autoridad fiscal como bienes intangibles que no podían ser aceptados como prenda a cambio del futuro pago de la deuda.

Sobre la red de fibra óptica, se determinó que tampoco cumple con los requisitos que fija el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación por encontrarse instalada en el territorio de la República Mexicana y por no contar con una descripción específica como unidad de medida, peso o cantidad, pues la existencia de ésta había sido manifestada de forma genérica.

La empresa afirma que no se niega a pagar, sólo pide que se acepte su red de fibra óptica como garantía y por eso es que promovió el amparo que llegó hasta la Corte.

En el máximo tribunal tocó a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat estudiar el asunto, y aunque no se ha hecho público su proyecto, trascendió que su propuesta es negar el amparo y avalar la constitucionalidad del artículo impugnado del Código Fiscal de la Federación.

Este proyecto está listado para votarse el miércoles en la primera sala de la SCJN.