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Destaca quinto Informe trabajos de búsqueda y detenciones de militares por caso Ayotzinapa
 
Periódico La Jornada
Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 10

Entre septiembre de 2022 y junio de este año, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) dio seguimiento a 123 acciones de búsqueda en campo para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. Esto se traduce en 936 jornadas de trabajo en ocho municipios del estado, de acuerdo con información publicada en el quinto Informe de Gobierno.

Como resultado de ello, se señala, entre marzo y abril de 2023 se realizó el hallazgo de dos cuerpos y otros restos óseos que fueron enviados para análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Los municipios donde se realizó trabajo de búsqueda fueron Tepecoacuilco de Trujano, Cocula, Iguala, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón y Cuetzala del Progreso.

En el documento, el gobierno federal destaca, además, la detención de 28 personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada de los jóvenes, entre ellas la del ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam; del ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, así como 14 militares pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería, incluidos dos generales.

Sobre el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra prófugo en Israel, se apunta que suman dos solicitudes de detención y extradición más.

Asimismo, se informa que también se ha tenido acceso a documentos de 15 instituciones de gobierno estatal y federal, y se ha dado continuidad a la recepción de información y entrevistas de personajes claves, presuntos integrantes del crimen organizado, ex funcionarios públicos y personas allegadas a los hechos, a fin de obtener datos que abonen a las líneas de investigación y permitan localizar a los estudiantes desaparecidos.

Igualmente, se resalta que se brindaron 948 atenciones médicas a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con sus necesidades individuales. También se garantizó la permanencia de las víctimas como beneficiarias de programas sociales y ayuda de diversa índole.