La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) dirigió la recomendación 08/2023 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Consejería Jurídica por la violación a los derechos a la integridad, a la libertad y al debido proceso en contra de tres personas en situación de calle, informó su presidenta Nashieli Ramírez Hernández.

Tras su detención hecha de forma ilegal ocurrida el 17 de mayo de 2021, a Kimberly, Damián y Maura se les revocó la sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado al no demostrarse su participación y no existir imputación contra ellos, por lo que fueron puestos en libertad.

La denuncia la interpuso una víctima indirecta el 1º de agosto de ese año ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos; sin embargo, aún está en trámite sin que hasta el momento ninguna persona haya sido sancionada.

La carpeta de investigación administrativa contra los efectivos que los detuvieron, que fue abierta en la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, se remitió en noviembre de 2021 al archivo como asunto total y definitivamente concluido.

Se había dado carpetazo

En diciembre del año pasado se retomó para continuar la averiguación, pero sigue sin terminarse, y se acreditó también que las víctimas no contaron con una defensa adecuada y hubo omisiones por parte del personal de la FGJ en la indagatoria.

La presidenta de la CDH destacó que en la investigación de la cuarta visitaduría general, a cargo de María Luisa García, se aplicó el Protocolo de Estambul –el cual documenta actos de tortura– y se demostró que en la detención de las tres personas existieron malos tratos.

Vivir en situación de calle, consumir sustancias sicoactivas y pertenecer a uno de los 14 grupos de atención prioritaria, como el de diversidad sexual, llevó a los incriminados a padecer procesos de estigmatización, criminalización e invisibilización por parte de las autoridades, por lo que estuvieron privados de su libertad entre un año y medio, y dos años, señaló la comisión.

Con base en los hechos documentados, se recomendó a la SSC y a la Consejería Jurídica que las tres personas que fueron afectadas de manera directa, así como la indirecta, queden inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, cuenten con ayuda inmediata y accedan a un plan de reparación integral del daño.

Las evidencias documentadas serán consideradas por la FGJ y la SSC, y junto con la consejería tendrán que definir un esquema de intervención con el fin de que se atiendan los casos que involucren a personas que viven en situación de calle.