Los 22 gobernadores de la Cuarta Transformación indicaron que al impedir el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP en algunos estados, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muestran su actitud como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras y no del pueblo de México. Asimismo, los acusaron de proteger a evasores fiscales.

Insistieron en que los ministros sean elegidos con el voto universal, libre, directo y secreto del pueblo, al igual que sucede con los integrantes del Poder Legislativo y con el titular del Ejecutivo federal, y no a través de componendas partidistas y favores presidenciales a unos cuantos.

Expresaron su absoluto rechazo a las conductas de algunos togados que con toda intencionalidad política pretenden obstruir, fuera de sus facultades estrictamente constitucionales y jurídicas, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su postura fue difundida ayer en un comunicado conjunto publicado en redes sociales por el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y quien como gobernador de Sonora es uno de los 22 firmantes, junto con el gobernador de San Luis Potosí, del Partido Verde Ecologista, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También se refirieron al proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales y que retiró antes de su presentación el miércoles pasado. En éste, proponía sancionar hasta con la separación del cargo al Presidente por no ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los morenistas definieron dicho proyecto de máximo absurdo, con el que se buscó de manera fallida destituir al propio Presidente, cuyo mandato proviene directamente de la inmensa mayoría del pueblo y no de las componendas en lo oscuro de unos pocos, como es su caso.

Asimismo, subrayaron que la SCJN debe representar al pueblo y no a los intereses que buscan regresar a México al antiguo régimen de privilegios en el que esta misma institución destacaba por su sumisión silenciosa, incondicional y vergonzosa a la voluntad de los presidentes de la República en turno.

Dejaron en claro, además, su apoyo sin reservas al jefe del Ejecutivo federal en su convicción de que la Corte debe caracterizarse por la institucionalidad, honestidad, austeridad y el decoro republicano, así como por un compromiso con el interés nacional y popular.