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Deberán atenerse a las consecuencias

Senado: gobernadores que bloquean los libros violan la Constitución

Alejandro Armenta, presidente de esa cámara, llamó al Poder Judicial a respetar y hacer respetar la Carta Magna

 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de agosto de 2023, p. 13

Los gobernadores de oposición que insistan en no repartir los libros de texto gratuitos (LTG) y pretendan distribuir materiales estatales deberán atenerse a las consecuencias, ya que violan la Constitución, advirtió la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Antares Vázquez Alatorre.

Por separado, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, llamó al Poder Judicial a que en lugar de alinearse con una postura ideológica, cumplan con su obligación de respetar y hacer que se respete la Constitución y en especial el artículo tercero, que garantiza la educación laica y gratuita.

Los planes y programas educativos, así como la elaboración de los LTG, son atribuciones de la federación, resaltó Vázquez Alatorre. Por ello, se podrá actuar frente a un gobierno como el de Guanajuato, que ha dicho a maestros y supervisores que van con los objetivos estatales, no federales: Vamos a ver hasta dónde topa ese intento de atribuirse facultades que no les corresponden.

La senadora de Morena agregó que se trata de una campaña más de los grupos de derecha y ultraderecha para atacar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de incidir en las elecciones de 2024, sin importar que con ello pongan en riesgo el derecho a la educación de los niños mexicanos.

Afortunadamente, explicó, ya la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió con la resolución del juez que concedió un amparo a quienes tratan de frenar la entrega de los libros, al publicar los planes y programas de estudios y los gobernadores del PAN y el de MC de Jalisco se quedaron sin materia para su grillita de regresar textos.

Explicó que el caso de Chihuahua es distinto, porque la gobernadora panista María Eugenia Campos interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, como sabemos ya cómo se las gasta el Poder Judicial, les concedieron la suspensión provisional.

Los 22 gobernadores de Morena ya cerraron filas con el presidente López Obrador, al igual que los senadores, y no habrá problema. Tampoco debiera haberlo con los demás de la oposición, porque la SEP todas las tardes ha ido explicando el contenido de los textos, (por lo que) se han caído muchas mentiras de la derecha, agregó.

En entrevista aparte, Armenta Mier aseguró que el presidente López Obrador cumple con su obligación constitucional, como deberían hacerlo también jueces y ministros de la SCJN. Es lamentable que algunos integrantes del Poder Judicial estén tomando determinaciones en contra de la niñez sin haber leído siquiera los libros.

Explicó que como senador de Morena ofreció la semana pasada en Puebla una conferencia conjunta con los líderes del magisterio de esa entidad, en la que éstos comentaron que más de 20 mil maestros participaron en la elaboración de los libros de texto, además de que en todo el país los mentores llevaron a cabo asambleas para discutir el modelo de la Nueva Escuela Mexicana. Eso echa abajo las mentiras de que no se consultó.

Cumple SEP con medios de prueba

Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, informó que los titulares de la SEP, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentaron diversos documentales como medios de prueba sobre el contenido de los libros de primaria del ciclo 2023-24. Sin embargo, la juez sólo dio a conocer la resolución y no el tipo de material que exhibieron las autoridades educativas.

El martes, la SEP divulgó en el Diario Oficial de la Federación el plan de estudio para educación prescolar, primaria y secundaria, así como los programas sintéticos que se impartirán a 24.4 millones de alumnos en todo el país. Con ello, las autoridades educativas cumplieron un requisito que fijó la juez en un juicio de amparo para la impresión y distribución de los LTG.

(Con información de César Arellano García)