l 15 de agosto se conmemoró la primera huelga en América Latina estallada en 1766, la cual inauguró la organización sindical en México y sentó las bases relevantes para el movimiento independentista. No es de extrañar que uno de los primeros pasos decisivos en el camino hacia el reconocimiento de los derechos laborales fuese dado por los mineros. En efecto, la naturaleza de la industria requiere un contacto y conocimiento profundo de las regiones que son más determinadas, inamovibles y persistentes. Además, la valentía monumental necesaria para ser minero brilla en la guerra contra la injusticia. Gracias a estas cualidades, hace 257 años, los mineros de Real del Monte se declararon en huelga y desafiaron, por vez primera, la explotación de los propietarios. De ese modo, una larga y orgullosa tradición de luchas por la reivindicación de la clase trabajadora surgió y tomó lugar en nuestro país.

En los pasados años, y haciendo honor a su historia, los mineros de México enfrentaron huelgas cuya duración es inusual y sin precedentes. Me refiero a los 16 años de lucha en los conflictos de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco. Los trabajadores han resistido con una enorme dignidad, enfrentándose a las agresiones sistemáticas que Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota, en complicidad con los gobiernos anteriores, pusieron en marcha para terminar con el movimiento, sin éxito alguno. Las legítimas demandas de los mineros abordan condiciones mínimas de justicia y seguridad para que el trabajo no sea de abusos y explotación. En ese contexto, la negativa del segundo hombre más rico del país y de las autoridades mexicanas a darle solución a estos conflictos, refleja lo lejos que nos encontramos de la verdadera reivindicación obrera.

Además de las graves fallas en la seguridad e higiene de las minas, las violaciones a los contratos colectivos de trabajo y a la autonomía sindical, los hechos muestran contundentemente que Germán Larrea, en las tres huelgas, ha recurrido a todo tipo de actos que violentan abiertamente a la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los derechos laborales y humanos, con tal de aplazar la resolución de los conflictos y buscar cómo beneficiarse sin hacer justicia a los mineros.

A lo largo de estos años, la violencia y las agresiones no han cedido. Recordemos los actos de represión policiaca y desalojo en Cananea, en 2010; o en Taxco, donde la administración calderonista insistió, pero fracasó en sus intentos de desalojar a los trabajadores en huelga, gracias al apoyo de las organizaciones sociales y sindicatos de la región.

Frente a esta cadena de injusticias, el Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, se ha distinguido por su unidad y fuerza. Jamás cede en brindar el apoyo moral y material a quienes han continuado en la lucha a pesar del propio sufrimiento de sus familias. En 2007 estalló la huelga en las secciones 65 de Cananea, Sonora; 201 de Sombrerete, Zacatecas; y la 17 de Taxco, Guerrero, demandando la resolución a la inseguridad laboral y la intromisión de Larrea en la autonomía sindical para simular la representación de las demandas de los mineros y trabajar en su propio beneficio.

En respuesta, Larrea nuevamente recurrió a estrategias sucias e inmorales, con el apoyo de la administración de Felipe Calderón, pues la Junta Federal le otorgó a Grupo México la inexistencia de las huelgas. También en Cananea, pidió el despido colectivo e individual de los mineros sindicalizados, liquidar el contrato colectivo de rabajo y la relación con el Sindicato Minero sin ningún motivo ni justificación legal. Tan graves y sistemáticas son las violaciones a los derechos laborales, que esta situación se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición de despido injustificado a mineros sindicalizados se repitió enTaxco, dibujando un evidente patrónde comportamiento corrupto de Grupo México.

En esa misma línea, a dos meses de que los trabajadores de la sección 304 del Sindicato Nacional de Mineros, estallaron en huelga en Peñasquito, la mina de oro más grande de México en Mazapil, Zacatecas, la solución no ha llegado. Las demandas de los mineros se relacionan con el incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, el T-MEC y los convenios de la OIT, además de omitir el pago completo de las utilidades. La empresa argumenta la necesidad de que México asegure un panorama estable y certero para la inversión y la actividad empresarial, pero olvida que nada se sostiene sin los trabajadores y que no dará un paso atrás frente a las intenciones de explotación y abuso. La realidad es que la empresa estadunidense Newmont, dueña de esta concesión, la segunda más grande en producción minera del mundo, no ha tenido la disposición apropiada para resolver el conflicto, incurriendo en amenazas directas a los trabajadores que resisten.

Otro de los pendientes importantes en este tema es la urgente reconsideración al rechazo del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC para dar justo fin a la huelga de Sombrerete. La necesidad de recurrir a dicho mecanismo surge por la falta de voluntad política de algunas autoridades mexicanas para resolver el conflicto. Hoy tenemos una oportunidad histórica para demostrar que la transformación permeó hasta lo más profundo. Los argumentos presentados por la Secretaría de Economía y la de Trabajo y Previsión Social no son procedentes, porque las violaciones a los derechos son evidentes y tampoco van en detrimento de nuestra soberanía.

Las y los mineros seguimos en pie de lucha y resistiendo. En todo el mundo, no hay conflictos tan prolongados donde al gobierno les sea indiferente el respeto a los derechos laborales, que son derechos humanos. Es alarmante que las autoridades no actúen para proteger la integridad de la clase trabajadora. Por tanto, debemos tener voluntad política y compromiso para robustecer la agenda laboral, resolver justamente los conflictos y encaminar nuestro mundo del trabajo hacia una cultura de derechos y dignidad.