os pasados 31 de julio y 1º de agosto se realizó en el espacio solidariamente facilitado por el Centro Pro de Derechos Humanos el foro Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, convocado por la coordinación de organizaciones civiles. Se celebraron sucesivamente las mesas sobre violencia, justicia y paz, para concluir con la dedicada al arte en la resistencia. Importa destacar que un eje central del foro estaba dedicado a exigir el alto a la violencia contra las comunidades zapatistas en Chiapas, sobre lo cual se mostraron múltiples evidencias de que nos encontramos ante una situación de guerra interna, con múltiples actores y presencia paramilitar directa o bien, de integrantes de esos grupos, formados hace tres décadas, que ahora participan con grupos delictivos en acciones criminales contra las comunidades, que no disminuye pese a la creciente militarización y no obstante el negacionismo oficial y la exageración, como suelen decir en las altas esferas.

La mesa de justicia dio cuenta de los esfuerzos políticos y jurídicos para lograrla, así como sus magros o nulos resultados. En la mesa de paz se evidenció la dificultad de caracterizarla de manera objetiva pese a múltiples esfuerzos organizativos y proyectos comunitarios y autonómicos en curso. Tal parecía que el foro se podía centrar en el duro concepto de impunidad y que la paz hoy por hoy suena a utopía.

Si bien no estaban presentes organizaciones de todo el país, sí se perfiló y caracterizó un patrón común. Por ejemplo, Jesús Plácido, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), explicó que se creó la policía comunitaria en 2008 ante la inacción de los gobiernos estatal y federal. Hoy el objetivo es evitar que las bandas entren a las comunidades, que paren los asesinatos y favorecer la construcción de un sistema autónomo en los ámbitos social, salud y economía. Aseguró que en las diferentes regiones las autoridades municipales y los partidos políticos están involucrados o mantienen nexos con el crimen organizado. Basta con colocar la mirada en la situación reciente en esa entidad para dar cuenta de la magnitud de la violencia. Además, en muchas regiones es creciente la presencia del crimen organizado, aún en el marco de la militarización, promovida por el gobierno federal.

Justo el día de cierre del foro, Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la guardia comunal de Santa María Ostula, Michoacán, fue levantado por un comando del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Coalcomán, grupo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje. Como refirió la comunidad de Ostula en su comunicado del 10 de agosto, a horas de haber sido localizado el cadáver. Se denunció “la colusión de la Guardia Nacional destacamentada en Chinicuila y Coalcomán, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán en Coalcomán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG”. Exigieron castigo a los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución de su guardia comunal. La comunidad de Ostula desde 2009 organizó la guardia para defender su territorio y ha sufrido crímenes de comuneros hasta hoy sin justicia. Sólo este año, el 12 de enero, fueron asesinados tres guardias comunales que permanecen sin justicia: Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. Y luego, el 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, fueron desaparecidos también por la delincuencia, sin que las autoridades den cuenta de su paradero.

La violencia, complicidades y creciente presencia del crimen organizado en las entidades donde los indígenas defienden sus territorios no es ajena a los proyectos e intereses económicos en curso y es de esperar que el muy anticipado año electoral aleje esta grave problemática en todos los bandos, ya sea las llamadas corcholatas o frente con el nombre simulado que sea. El gobierno tiene la mirada ofensiva en concluir a toda costa sus megaproyectos, al tiempo que la oposición arma la supuesta y mediática defensa de la educación en los libros de texto, bajo las banderas del conservadurismo organizado hace varias décadas, ante lo cual las legítimas voces académicas críticas y honestas, así como el magisterio nacional bien harían en deslindarse. Pero ese es el tema y bandera de estos días. Vendrán otros, de uno y otro bando, pero no es de esperarse, para qué engañarnos, que el asunto de la justicia, el combate a la impunidad y al despojo de territorios a los pueblos indígenas, cobre fuerza en todos esos sectores, oficiales y no, con huipil o sin él. Los pueblos y organizaciones sociales lo saben y refrendan a diario que su única defensa es mantener el trabajo abajo, para la resistencia con dignidad hasta que se haga costumbre.