l pasado 24 de mayo se incendió el basurero Matatlán, en el municipio de Tonalá, el cual hace parte de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Lo controlaron 36 horas después. Se desconoce la causa de la conflagración que ocasionó pánico entre los vecinos del populoso fraccionamiento Urbi, localizado a menos de 500 metros del vertedero. Causó además mala calidad del aire, pues ardió todo tipo de basura: plásticos, llantas, pilas y otros residuos que generan gases muy tóxicos, entre ellos dioxinas y furanos. La doctora Lilia Albert ha documentado cómo esos y otros contaminantes pueden afectar muy gravemente todo el sistema respiratorio de la población expuesta y ocasionarle diabetes mellitus tipo II y hasta cáncer.

Lo que sí se sabe es que durante el segundo semestre de 2022 la empresa Caabsa, concesionaria de dicho vertedero, depositó allí miles de toneladas diarias sin el permiso de la autoridad municipal. Y cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo había clausurado. Además, dicha empresa estaba obligada a extraer toda la basura que depositó en el lugar. Por eso no faltan los que afirmen que el incendio fue provocado a fin de sacar menos basura y así reducirle a la empresa concesionaria el costo de hacerlo.

Otra quemazón en Tonalá, esta vez en el vertedero Los Laureles, comenzó el 4 de junio. Estaba cerrado desde noviembre de 2021 después de recibir basura durante 22 años, y pese a que su vida útil se proyectó sólo para una década. Para evitar daños a la salud de la población escolar, se suspendieron las labores en los planteles de educación en algunas colonias de El Salto, Juanacatlán y Tonalá. El fuego se controló dos días después. Y como en el primero, gracias a la labor de cientos de elementos de diversas instituciones oficiales.

El sociólogo Hipólito Rodríguez, ex alcalde de Xalapa, y el doctor Gerardo Bernache, investigador del Ciesas Occidente y uno de los expertos más reconocidos de México en el tema de los desechos sólidos, señalaron con gran claridad en La Jornada del 5 de junio pasado los orígenes de ambos incendios. Ellos sostienen que fueron resultado de la pésima operación de esos vertederos durante tres décadas, y su posterior abandono por la empresa Caabsa. Afirman que ésta no ha cumplido con la obligación de cerrar y rehabilitar los vertederos a fin de no crear problemas a la población y al medio ambiente. Su irresponsabilidad se explica por la complicidad que ha tenido en las instancias municipales de Tonalá y Tlajomulco y en las del gobernador de la entidad.

Rodríguez y Bernache refieren igualmente otro incendio el 12 de abril pasado en ese ejemplo de deterioro ambiental extremo que es la región de El Salto. Ocurrió en el depósito de plaguicidas de la empresa Agroservicios Nacionales SAPI de CV (ANSA), ubicada en Tlajomulco. Bien documentados están los problemas que ocasiona el arsenal agroquímico en la salud pública y la naturaleza. Y peor si arde. Un caso emblemático, y por el cual los responsables gozan de impunidad, es el ocurrido el 3 de mayo de 1991 en las instalaciones de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y al cual nos hemos referido aquí en varias ocasiones.

Que la zona de El Salto es un foco de contaminación extremo lo reconocen todas las instancias oficiales.

Lo padecen los habitantes de la región y los miles de trabajadores explotados por las empresas nacionales y extranjeras que tienen su asiento en esa parte de la entidad jalisciense. Ellas gozan de innumerables privilegios y confirman que para el gobierno lo primero es garantizar las utilidades del gran capital –legal o ilegal– y sin faltar los lazos de corrupción.

El gobierno del estado de Jalisco anunció hace cinco años como prioridad, la estrategia Revivamos el Río Santiago. La desarrollaría con una visión integral, con enfoque de protección y garantía de los derechos humanos; buscando la concertación a través de diálogos sectoriales y comunitarios, para enriquecer la estrategia con sus perspectivas y aportaciones.

La realidad muestra su fracaso, igual que los planes de los últimos cinco sexenios federales para devolver la salud ambiental a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.