A tres décadas de los primeros asesinatos de mujeres perpetrados en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, que cimbraron al país, continúan siendo las familias y conocidos de las víctimas de feminicidio y desaparición en México quienes, como en ese tiempo, cargan con las investigaciones, con organizar búsquedas, recabar pruebas y dar con los agresores, aseveró Amnistía Internacional (AI).

En una revisión del informe Muertes Intolerables, que publicó en 2003, resaltó que a pesar de que de esos años a la fecha se logró contar con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con un tipo penal del feminicidio, con protocolos y lineamientos e instituciones especializados, todavía las autoridades no han podido garantizar el acceso a la justicia.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2019 a 2022, cada año se registraron en promedio poco más de 940 feminicidios. Hasta el primer semestre de este año, suman 426 y las entidades con más casos son estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Morelos.

Respecto a las desaparecidas, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las 110 mil 862 personas en esta condición, 23.72 por ciento son mujeres, es decir, 26 mil 297. Los estados con más casos son el estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Michoacán.

Amnistía Internacional México recordó que entre los primeros casos de asesinatos de mujeres que estremecieron al país están el hallazgo en 1993 de 10 cuerpos de jóvenes con huellas de violencia en Chihuahua, y el 6 de noviembre del 2001 el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los restos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos.

Destacó que lo ocurrido en esa entidad desde hace tres décadas resultó que no fue un hecho aislado: los feminicidios, la impunidad y la violencia institucional que las autoridades ejercen contra las familias de las víctimas se han expandido por todo el país.

Las instituciones de procuración de justicia no investigan adecuadamente las muertes violentas de mujeres.

La impunidad en ese delito continúa rondando 98 por ciento, sostuvo AI.