La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Eladio Mariscal Gutiérrez, apoderado legal de la Operadora Grupo Gas Mart, una de las empresas identificadas por el gobierno federal como integrante de la red financiera por medio de la cual Genaro García Luna desvió más de 726 millones de dólares de los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), durante el gobierno de Felipe Calderón.

Mariscal Gutiérrez forma parte de la lista de 61 personas contra quienes la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo órdenes de captura, entre ellos el propio García Luna, su esposa y cuatro de sus hermanos, así como sus socios en las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice Systems Ltd y Glac Security Consulting Technology Risk Management.

Sobre los 61 señalados en la investigación de la Femdo penden acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Entre ellos se encuentran los creadores de la empresa Nice Systems Limited, constituida en Israel por los dueños de las empresas Weimberg, quienes también son socios de García Luna en las compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, constituidas en Panamá por la misma organización empresarial.

La aprehensión de Mariscal Gutiérrez fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial en Sinaloa el pasado 6 de agosto, y el Ministerio Público Federal le imputa los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como apoderado legal de Gas Mart, era el firmante autorizado de la cuenta en la que se depositaron y posteriormente se transfirieron los recursos obtenidos ilícitamente a cuentas relacionadas con las empresas que beneficiaron a García Luna.

El pasado martes se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual la FGR formuló imputación contra Mariscal Gutiérrez, quien solicitó la ampliación del plazo de 72 a 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.

Se le impuso la medida cautelar de firma periódica diaria ante el Centro de Justicia Penitenciaria del Altiplano y entregó su pasaporte para no salir del país hasta en tanto se define si se le vincula o no a proceso, indicaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.