El acceso inequitativo al agua se agudiza no sólo por la crisis climática, sino también por la acaparación a manos de las industrias y la ocupación de territorios hídricos por grupos delincuenciales en México y el mundo, sostuvo Carlos González García, coordinador de seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena Gobierno (CNI-CIG).

Tanto por la dinámica global de intereses de las grandes empresas, de presión de grupos criminales sobre las regiones hídricas importantes a escala mundial, y para el caso específico de México, el hecho de que el marco legal sigue siendo el mismo de sexenios anteriores, es decir, un marco legal neoliberal que favorece el mercado indiscriminado de los derechos del agua y con la concentración de estos derechos en pocas manos.

Además, dijo a La Jornada que la Comisión Nacional del Agua tiene el mismo perfil proempresarial que ha tenido en anteriores gobiernos: se sigue la línea o el guion neoliberal en el rubro.

En la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, realizada en San Gregorio Atlapulco, pueblo que el año pasado logró frenar una obra hidráulica que perjudicaría su acceso a este recurso, González García refirió que “buena parte de las políticas de despojo que se están impulsando a nivel global y en este país atraviesan por este concepto de ordenamiento territorial.

Eso lo vemos con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos o el Programa General de Ordenamiento Territorial que el gobierno de la Ciudad de México prevé instaurar.

Primordial, la resistencia de las comunidades

Para frenar estas obras es primordial la resistencia de las comunidades. El zapatismo es acaso el mayor obstáculo para los grandes proyectos capitalistas, por lo menos en esta parte del mundo. En general, la presencia de los pueblos originarios es la que va resistiendo a estas políticas de ordenamiento, a estas políticas salvajes de despojo y de destrucción de la naturaleza.

Para combatir estas acciones “se impulsa la participación democrática desde los pueblos y comunidades, y en ese contexto, la idea es sacar una propuesta de articularse con el CNI, para el 12 de octubre generar una movilización contra el despojo de agua y territorio en los pueblos originarios, que es lo que está generando una circunstancia de guerra, como lo hemos visto en Chiapas, con las comunidades zapatistas.

Criticó que, pese a haber sido una promesa del gobierno de la Cuarta Transformación, no se ha aprobado una nueva ley de agua que reglamente el derecho humano al líquido. Esto está pendiente por lo menos desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya va concluir esta administración y sigue igual.

Otro aspecto que abona a la situación es la reciente reforma a la ley minera, que si bien reduce algunos aspectos agresivos de esta actividad, se mantienen los privilegios importantes para estas empresas en cuanto a las concesiones y el manejo de agua.