Lima. Perú anunció ayer que reanudará la cooperación con Estados Unidos para interceptar avionetas en el marco de la lucha contra el narcotráfico, luego que Washington levantó un veto impuesto en 2001 por el derribo accidental de una nave con misioneros estadunidenses.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, calificó en conferencia de prensa el acuerdo de histórico y aseguró que permitirá a Perú marcar un antes y un después en la batalla contra el tráfico ilegal de enervante. Precisó que el levantamiento de restricciones permitirá que su gobierno pueda hacer ejercicio y uso de la interdicción aérea no letal.

La fuerza aérea peruana volverá a recibir asistencia estadunidense no solamente de fondos sino también de radares, aeronaves, equipamiento y capacitación para actividades de interdicción, detalló Otárola.

El acuerdo para interceptar narcoavionetas se logró esta semana durante una visita a Washington del ministro peruano de Defensa, Jorge Chávez, quien se reunió con los subsecretarios Adjuntos para el Hemisferio Occidental de los departamentos de Estado y de Defensa, Mark Wells y Daniel Erikson, respectivamente, así como con el asesor de la Casa Blanca en Seguridad y Defensa, Juan Gonzalez.

La medida implica la reanudación de una estrategia bilateral de lucha contra el narcotráfico que Perú aplicaba junto con Estados Unidos en la década de los 90 y que se suspendió en 2001.

Ese año, un avión caza peruano derribó por error una avioneta con misioneros estadunidenses y murieron dos personas, lo que llevó a la suspensión del acuerdo.

Perú había reiniciado unilateralmente en 2016 y sin apoyo extranjero la interceptación aérea. Una ley permite derribarlas si no acatan las órdenes de aterrizaje.

Por otro lado, la fiscalía peruana presentó una nueva denuncia constitucional contra el depuesto presidente Pedro Castillo y el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, por el caso denominado ascensos en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú.

Se les imputa ser autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros, publicó el Ministerio Público en la red social X, antes Twitter.

En noviembre de 2021, el ex comandante general del ejército, José Vizcarra, denunció presiones desde el gobierno para el ascenso de dos oficiales cercanos al ex mandatario Castillo.