Tlalnepantla, Mex., Una jueza de control acordó ampliar a 144 horas el plazo para determinar la vinculación a proceso de los seis empleados del restaurante-bar Black Royce, sujetos a investigación ministerial por la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, el 6 de agosto, dentro del establecimiento; por lo pronto permanecerán en el penal de Barrientos.

La audiencia inicial se prolongó por 10 horas en los juzgados de Juicios Orales y de Control de San Pedro Barrientos, donde la impartidora de justicia aprobó la detención y ordenó prisión preventiva justificada a los detenidos; asimismo, fijó como fecha para continuar el procedimiento el 15 de agosto a las 9 de la mañana.

Durante la sesión, el agente del Ministerio Público (MP) planteó imputaciones contra las empleadas Aritzi Abril N, Ana Karen N, Cecilia N, Ana Karen N, Eduardo N, capitán de meseros y Carlos Daniel N, encargado de seguridad del antro.

Argumentó que la muerte de la víctima fue resultado de la actuación dolosa y con acuerdo previo de los implicados, pues el hombre estaba ebrio cuando llegó al Black Royce y le siguieron suministrando alcohol, aun cuando el servicio en el restaurante-bar estaba fuera de horario.

El MP detalló que el jefe de seguridad permitió el acceso al empresario, el capitán de meseros le asignó una mesa y las cuatro mujeres le hicieron compañía para luego subir a la zona VIP.

Precisó que cuando el empresario reportó malestar físico, los trabajadores estuvieron en dominio del hecho, debieron buscar atención médica y la víctima no habría perdido la vida.

Agregó que pruebas periciales de toxicología indican que la víctima tenía 253 miligramos por litro de alcohol en la sangre y salió positivo a etanol y cocaína.

Además, al empresario le cambiaron la camisa y al encontrar la original, ésta tenía restos de material gástrico y sangre con las sustancias tóxicas.

Acusan golpes y tortura

Tres abogados integraron la defensa de los seis detenidos y aprobaron que sus clientes rindan declaración, acusaron que éstos fueron víctimas de tortura, que las cuatro mujeres son madres solteras y fueron golpeadas y amedrentadas con quitarles a sus hijos, si no aceptaban los señalamientos en su contra.

Todos coincidieron en que se presentaron a declarar en forma voluntaria, pero después se enteraron de que estaban detenidos, y fueron llevados a instalaciones de la fiscalía mexiquense en Toluca, donde fueron torturados, amenazados, incomunicados, que no sabían de qué se les acusaba ni tuvieron derecho a un abogado.